Sergio Massa también evaluó crear nuevos impuestos pero esa salida se desinfló; los gobernadores del PJ, disconformes; preocupan los efectos judiciales; Ciudad notificó a la Corte el incumplimiento y presentará una demanda penal.
Durante el fin de semana de Navidad, el gobierno de Alberto Fernández vivió horas de nerviosismo y confusión extremos. El ministro de Economía, Sergio Massa terminó de convencer el domingo al Presidente de encontrar una salida y pagarle al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con bonos TX31 a 90 días. Quiere evitar caer en delitos como desacato, sedición e incumplimiento de deberes, con graves consecuencias penales.
En esas horas también se evaluó crear nuevos impuestos al juego y a los bancos para cumplir el fallo de la Corte con nuevos ingresos. Esa salida está casi descartada. La oposición presentó tres denuncias penales contra la línea de funcionarios y la Ciudad denunció el incumplimiento de los giros diarios del Gobierno ante la Corte Suprema. Aunque no pidió trabar embargo sobre el Banco Nación, como había analizado.
La Corte sólo podrá resolver el conflicto desde febrero próximo, porque esta semana entró en la feria judicial. Hasta entonces, no podrá convalidar ni rechazar la decisión del Poder Ejecutivo de pagar con bonos ni el incumplimiento del Ministerio de Economía. El presidente, con su nuevo anuncio, buscó ganar tiempo.
La Ciudad también presentará una denuncia penal contra los funcionarios por delitos que se estudian. Hasta el lunes por la noche se evaluaba a quién involucrará esa denuncia. En la línea administrativa y jerárquica del pago, por ahora incumplido, están el presidente, el jefe del Gabinete, Juan Manzur, los ministros de Economía, Massa, y del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y la presidenta del Banco Nacion, Silvina Batakis.
La Corte Suprema dispuso que el Banco Nación debe aumentar el pago de 1,4% a 2,95% del PBI de coparticipación a la Ciudad. Pero la notificación no fue para la titular del banco (Silvina Batakis) sino para De Pedro y a Massa. Para pagar con ese aumento del coeficiente de la coparticipación ella necesita de una orden administrativa del demandado por la Ciudad, o sea de Economía (Massa), cuyo Tesoro es manejado por la Secretaría de Hacienda (Rigo).
Altas fuentes señalaron que Massa tomó dimensión la semana última del grave problema judicial en el que se habían involucrado el jueves último el presidente y los 14 gobernadores del PJ, que decidieron no cumplir el fallo. Ese acto administrativo no solo involucraba al presidente sino a toda una línea de funcionarios. Massa tomó distancia de la decisión públicamente, mostró otros anuncios, pero estudió el tema en privado.
También tomó con seria preocupación el salto del dólar a 340 pesos, el viernes último (ayer trepó a 346 pesos), y buscó evitar la sensación de que se abría una etapa de inseguridad jurídica e inestabilidad económica. Todas las cámaras empresariales e incluso la Cámara Argentino-Americana (Amcham) manifestaron su preocupación y también llegaron señales negativas de Estados Unidos, donde se deciden inversiones en minería, energía e hidrocarburos, que Massa necesita captar para conseguir dólares para las reservas.
En Nochebuena, una amenaza de crisis institucional y económica
“Había que encontrar una vuelta para garantizar la sensación de normalidad en la economía”, confió una alta fuente oficial. En esas horas de confusión navideña, Massa tuvo el respaldo del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; de la secretaria legal y Técnica, Vilma Ibarra, y del canciller Santiago Cafiero, tres alter egos del Presidente. Había que resolver lo que prometía ser una crisis institucional, que podía convertirse en económica.
Llevó así al presidente la propuesta de pagar el fallo con bonos TX31 a 90 días y enviar al Congreso en el período de sesiones de extraordinarias un proyecto de ley para que definiera de dónde saldrán los recursos para pagarle a la Ciudad en adelante. Esa fórmula fue la salida que encontró con el secretario legal y Técnico de Economía, Ricardo Casal. La propuesta fue y vino hacia Juan Manuel Olmos y Vilma Ibarra, hasta que la terminó por aprobar Alberto Fernández.
De ese modo, el presidente podía exhibir que no incurría en el delito de desacato y sedición, pero al mismo tiempo no pagar a la Ciudad con recursos del Estado sino con emisión de nueva deuda con bonos. Para el futuro, además de enviar un proyecto de ley al Congreso, se pensó en crear más impuestos, una idea ahora casi descartada. Con Casal y Olmos estudiaron antecedentes de fallos de la Corte pagados con bonos, como el caso de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. La única diferencia es que aquellos casos no eran pleitos por el flujo de coparticipación, sino por deuda pasada.
Los gobernadores, más confundidos que el resto
Los gobernadores del PJ no podían entender ayer el anuncio del Presidente de pagar con bonos. “Nos enteramos por los medios, aunque en la reunión del jueves en la Casa Rosada el Presidente lo había comentado como una estrategia para después de acabar todos los recursos procesales, mandaría de ultima una ley al Congreso para emitir un préstamo”, dijo a A24.com uno de los 14 gobernadores.
“No entendemos nada cómo sigue la historia. No sabemos si: 1- es una jugada genial para que la Ciudad no cobre nunca; 2 - es un arrugue a medias (cumplir pero pagando con papeles, lo que sería incumplir a medias), o 3 - es la primera parte de un arrugue total”, reseñó un mandatario del peronismo.
En rigor, todos los mandatarios optaban por pensar que la idea del presidente consiste en ganar tiempo hasta febrero para pulsear políticamente entre la Corte y la Ciudad para negociar una mejor tajada. “El bono es un camino de entendimiento. Provincias como Santa Fe, Córdoba y La Pampa estuvieron en la misma situación y aceptaron el pago con bonos”, dijo a A24.com una alta fuente de Economía.
La revocatoria "in extremis" contra denuncias penales opositoras
En medio del anuncio del presidente, formulado ayer a media mañana en Twitter, quedó en segundo plano la presentación judicial que le instruyó al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que plantee una revocatoria “in extremis” de la sentencia de la Corte. Si bien el presidente dijo que avanzaría en la recusación a los jueces cortesanos y en la revocatoria, en la Casa Rosada no ponen fichas de tener éxito. Todo huele a un retroceso sin retorno.
Es por eso que optaron por lanzar la decisión de pagar con un bono y enviar un proyecto de ley al Congreso, para sopesar la reacción en la Ciudad y en la oposición. El jefe del gobierno porteño no tardó mucho en rechazar de forma tajante el pago en bonos, porque a Rodríguez Larreta no le sirve ese tipo de instrumento para cubrir gastos corrientes de la administración. También decidió en el acto avanzar con las presentaciones judiciales.
La Coalición Cívica, con Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro; Confianza Pública, con Graciela Ocaña, y el bloque de diputados del PRO, con Pablo Tonelli, presentaron sendas denuncias penales contra toda la línea de funcionarios. Ocaña llegó a pedir la detención de Rigo y de Batakis.
Pero curiosamente la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la más dura de los halcones, desistió de la denuncia por sedición y puso en Twitter “Ganamos”. En su entorno, señalaron que la “sedición” ya no cabía. Ahora, todas las causas se dirimirán en Tribunales y en la Corte, pero pasarán varios meses.
En este punto, la Ciudad no definía sobre quién recaería la responsabilidad penal. “Estamos trabajando en ello”, señaló un allegado al procurador porteño, Gabriel Astarloa.
Una inesperada disputa entre Massa y Batakis
Es que en el Gobierno se sacan el sayo de la responsabilidad entre Massa y Batakis, la otra pelea de fondo. En Economía, señalan que el mecanismo de pago de la coparticipación se activa desde una cuenta recaudadora de la AFIP hacia una cuenta distribuidora del Banco Nacion. ¿Pero quién tiene la competencia para cambiar un coeficiente a una provincia? La AFIP no tiene esa atribución y tampoco el Banco Nación.
Entre los funcionarios de la línea del Banco Nación aseguraron a A24.com: “No somos nosotros los demandados y no son nuestros los fondos, con lo cual debería haber una decisión administrativa del demandado (Economía) que nos diga que paguemos”. Lo mismo aseguraron Oliveto y Ocaña a A24.com. "Massa debe cumplir el fallo o renunciar", señalan. Oliveto hizo su carrera como abogada del Estado y conoce bien los procedimientos administrativos.
Larreta, Massa, Rigo y Capitanich, un mismo origen y viejas amistades
En otras palabras, la decisión administrativa y política está en manos del presidente, del ministro de Economía y del Secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Pero el conflicto está cruzado por una situación de incomodidad desde la semana última. Massa y Rigo son viejos amigos personales de Horacio Rodríguez Larreta.
Massa militaba con Larreta en la campaña del ex candidato presidencial Ramón Palito Ortega, en 1999, y ambos eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social cuando este era conducido por Ortega, designado por el ex presidente Carlos Menem para competir entonces contra Eduardo Duhalde dentro del peronismo.
En aquel ministerio también trabajaba el joven Jorge Capitanich, actual gobernador del Chaco, uno de los más vehementes contra el fallo de la Corte favorable a CABA. En tanto, Rigo comenzó en política en el Grupo Sophía, un think tank que creó Rodríguez Larreta en los años 90 sobre políticas públicas. En 2015, Larreta fue clave para que Rigo fuera secretario de Hacienda de Alfonso Prat Gay en el gobierno de Mauricio Macri.
Hoy Rigo trabaja para Massa. Por ese motivo, entre otros, Massa y Rigo buscaron una salida intermedia para amortiguar el choque entre la Nacion y la Ciudad. Aunque el conflicto parece destinado a escalar, especialmente cuando la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tome este martes a las 19 el micrófono en Avellaneda y lance llamaradas contra la Corte Suprema y la Ciudad.
Fuente: A24
