Investigan presuntos desvíos millonarios en la UOM y apuntan a una militante de La Cámpora

La Justicia Federal analiza transferencias irregulares desde cuentas del gremio metalúrgico hacia terceros y agrupaciones políticas. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

Una investigación judicial por presuntos desvíos de fondos dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) puso bajo la lupa a una militante vinculada a La Cámpora, luego de detectarse movimientos de dinero incompatibles con los registros contables del sindicato.

La causa, que tramita en la Justicia Federal, avanza bajo secreto de sumario y ya motivó allanamientos y distintas medidas de prueba para determinar el destino de partidas presupuestarias que, según la denuncia, habrían terminado en cuentas ajenas a la actividad gremial.

Auditoría y movimientos sospechosos

La investigación comenzó tras una auditoría interna que detectó “inconsistencias insalvables entre los ingresos por aportes y los egresos declarados”, lo que derivó en una presentación formal ante los tribunales de Comodoro Py.

Según fuentes judiciales, la dirigente investigada tenía acceso directo a las firmas autorizadas para el movimiento de fondos, situación que habría facilitado las maniobras bajo análisis.

En el expediente se detallan “transferencias bancarias directas hacia cuentas de terceros que no poseen vínculo contractual con la institución metalúrgica”.

Sospechas de financiamiento político

Durante las pericias realizadas en el marco de la causa, los investigadores detectaron que parte del dinero presuntamente habría sido utilizado para financiar actividades políticas territoriales ajenas al funcionamiento institucional del gremio.

Uno de los testigos que declaró ante el fiscal sostuvo que “la discrecionalidad en el manejo de las cajas era total y respondía a órdenes directas que no pasaban por la comisión directiva”.

La acusada desempeñaba tareas estratégicas dentro del área de finanzas de la UOM, gremio conducido por Abel Furlán.

La defensa niega irregularidades

Por el momento, la defensa de la dirigente rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política interna.

Sin embargo, los documentos secuestrados durante los operativos y los elementos electrónicos incautados muestran, según los peritos, “un esquema de drenaje sistemático de fondos para fines personales y partidarios”.

Ahora, la Justicia espera los resultados de nuevos cruces de llamadas y pericias para determinar si existieron otros integrantes de la estructura sindical involucrados en las maniobras investigadas.