Luego de que los fiscales solicitaran 12 años de prisión para la Vicepresidenta, los alegatos comenzarán el 5 de septiembre. La expresidenta podría solicitar hacer uso de la palabra, como abogada, para ejercer como “defensora en causa propia”.
En medio de las manifestaciones en apoyo a Cristina Kirchner y los cruces con la oposición, la causa Vialidad seguirá avanzando, a partir del 5 de septiembre, con los alegatos de las defensas. Allí, los abogados de los acusados intentarán demostrar que la fiscalía recortó las pruebas incluidas en el expediente.
El lunes pasado, Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos para la Vicepresidenta, así como también condenas para los otros involucrados.
“Vamos a demostrar que la fiscalía mintió, que la prueba producida fue recortada intencionalmente, algo que los fiscales llegaron a hacer, incluso, con los testigos del juicio pedidos por la propia fiscalía”, aseguró a Télam uno de los abogados defensores sobre la estrategia que pretende la defensa.
Los abogados de los 13 imputados trabajan cada uno por su lado en la estrategia de sus respectivos representados, pero también comparten información a la hora de responder a los pedidos de pena de los fiscales Luciani y Mola.
Luego del pedido de condena por parte de los fiscales, el juicio se retomará el 5 de septiembre a las 8:30 con los alegatos de las defensas. Está previsto que haya unas 30 audiencias. Ese día comenzará con el turno de la defensa del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Hugo Garro, según comunicó a las partes el TOF 2 en los últimos días.
El Tribunal Oral Federal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, asignó un máximo de tres auditorías a cada una de las defensas y dispuso un orden que deberá cumplirse de forma continua e inmediata, lo que significa que si alguna de las partes precisa menor cantidad de audiencias se continuará con quien sigue en la lista.
Por su parte, la defensa de Garro ya avisó que utilizará solo una audiencia y lo mismo hizo la del exresponsable del Distrito N° 23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad, Mauricio Collareda, quien figura segundo en la lista.
Las defensas de la causa Vialidad criticarán los análisis de la fiscalía
Las defensas cuestionarán los análisis de las obras que hizo la fiscalía y recordarán que en todas las instancias judiciales se les negó a ellos la posibilidad de hacer un peritaje que abarque las 51 obras observadas.
Cristina Kirchner no descarta pedir que, dada su condición de abogada, se le permita hacer uso de la palabra en su alegato, que es el sexto, para ejercer como “defensora en causa propia” y compartir así el tiempo con su abogado Carlos Beraldi. De todas formas, un alegato es una defensa técnica, que realizan los abogados.
La defensa de la Vicepresidenta exhibirá las leyes de presupuesto del período 2004-2015 para refutar la afirmación de la fiscalía en relación a que 17 de las 51 obras investigadas en esta causa “no fueron incluidas” en ninguno de los presupuestos nacionales y se indicará qué denominación le dio a cada obra la Comisión de Presupuesto del Congreso
El orden de los alegatos de la defensa en el juicio por la causa Vialidad
Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala: 4 años de cárcel.
Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.
