El oficialismo se muestra optimista ante el tratado en particular que comenzará el martes, pero se preocupa por la fragmentación de los bloques aliados. El foco en la crisis.
El Gobierno cree que el 90% de los artículos de la Ley Ómnibus serán aprobados el martes en la Cámara de Diputados, mientras se tensa su relación con los gobernadores por la postergación de la negociación del nuevo pacto fiscal. Más allá de la presión de los mandatarios provinciales, la línea que baja el presidente Javier Milei es de no ceder.
“Sin media sanción de la ley, no hay acuerdo fiscal. Van a tener que aprobarla porque no les queda otra, necesitan los fondos. Las arcas provinciales van a sangrar si no acompañan”, expresaron desde muy cerca del presidente.
Los encargados de negociar el capítulo fiscal con los gobernadores son los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el del Interior, Guillermo Francos. Deberán ponerse de acuerdo respecto a las retenciones a las exportaciones, los impuestos PAÍS y Ganancias, la moratoria y el blanqueo, entre otros puntos.
El oficialismo rechazó la presión de ayer de los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por la coparticipación del impuesto PAIS.
Circularon versiones sobre que habían acordado con La Libertad Avanza un esquema de coparticipación del 70% para Nación, 21% para las provincias y un 9% para el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) a cambio de no quitarle más facultades delegadas al presidente, pero luego lo desmintieron desde la Casa Rosada.
Francos, fue al Congreso ayer a las 15 para desactivar la presión de los cordobeses -estuvo con Carlos Gutiérrez- y para negociar del articulado de la Ley Ómnibus con foco en las privatizaciones y la delegación de facultades.
Las reuniones fueron en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde también estuvo el asesor de jefatura de gabinete Maximiliano Fariña. Recibieron a los diputados de bloques aliados de la UCR, Rodrigo de Loredo, Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot y Emilio Monzó, PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, entre otros.
Desde el Gobierno, expresaron que escucharon las inquietudes de los aliados, pero que no hubo grandes definiciones. El jueves, también pasaron por el Congreso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, Francos y su viceministro, Lisandro Catalán.
Tras conseguir la aprobación de la ley en general este viernes con 144 votos a favor y 109 en contra, la principal preocupación del oficialismo es la fragmentación de los bloques aliados.
El radicalismo tiene la interna entre De Loredo y el diputado Facundo Manes. En Hacemos Coalición Federal que conviven Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Las diferencias dentro de los espacios son grandes.
En el Gobierno creen que las diferencias internas de los bloques son el obstáculo principal para la aprobación de la ley en su 100%. “Ninguno vota en conjunto”, le expresó un funcionario sobre los que antes eran Juntos por el Cambio.
Es por eso que Milei accedió a quitar el capítulo fiscal y la reforma electoral del paquete para tratar en sesiones ordinarias. Se respalda en que ya quitó lo que acomplejaba la media sanción y apela a la crisis económica para ponerle presión a los legisladores.
El que también se expresó ayer fue Guillermo Francos. Manifestó que hay diferencias con la oposición en pocos artículos y que la ley se va a aprobar en el tratado particular en gran escala. Hizo una mención especial para la crisis económica.
“La aprobación en general marca el sentido de apoyo a la ley bases con la diferencia que después tengan, claramente. No es una media sanción, porque falta todavía el debate en particular, pero es un paso muy importante”, comenzó.
“Puede haber alguna diferencia gruesa en uno o dos artículos, y después habrá alguna diferencia particular en alguno que otro, en cuanto a la redacción, etcétera. No olvidemos que el Gobierno ha retirado una parte que generaba más debate, que era toda la parte fiscal. Creo que el corazón de la ley va a estar aprobado”, agregó.
“Creo que en general los bloques que acompañan nuestra posición entienden claramente la gravedad de la crisis que dejó el gobierno kirchnerista después de estos cuatro años de gobierno, que se suman a los 8 años anteriores o 12 años anteriores de la crisis kirchnerista también. Es la concepción de un Estado opresor contra el sector privado de la economía, manejando, regulando y generando este corset que ha impedido el desarrollo del país”, sentenció.
