En los considerandos del proyecto presentado por el bloque radical en la Legislatura, los legisladores Aguilera y Pagliaroni señalan que "la licencia social para poder operar está constituida por las características reales o actuales de credibilidad, confiabilidad y aceptación del proyecto, básicamente es un vínculo entre la iniciativa y la comunidad". Y añaden: "La falta de esa institución deriva en conflictos sociales importantes".
Los diputados radicales subrayaron que «debemos entender que la legitimación de las decisiones de los órganos volitivos de la democracia se sostiene a partir del vínculo con el diálogo social. No puede quedar al margen la mirada de la ciudadanía, las opiniones de los sectores, los dictámenes técnicos, los posicionamientos de los colegios profesionales, entre otros tantos. El poder real de la ciudadanía reclamando debate, se está manifestando».
Indicaron que "no hubo participación de la ciudadanía en instancias formales, no se convocó a espacios técnicos diversos, no se contempló la consulta de las asociaciones civiles, a las iglesias, a los sindicatos, a los pueblos originarios, a las comunidades científicas, entre otros.
Tratándose de una norma que planifica el desarrollo de una actividad económica, debieron establecerse los cánones de desarrollo equilibrado con el ambiente, promoviendo estrategias de gestión ambiental efectiva en cumplimiento con las normas constitucionales, acuerdos y tratados".
Manifiestan la necesidad de la formación de los funcionarios públicos en materia de cuidado ambiental y desarrollo sustentable que debía darse mediante la denominada «Ley Yolanda», sostienen que «la formación con perspectiva de desarrollo sustentable no solo implica conocimientos en materia ambiental sino un proceso orientado a la construcción de valores, conocimientos, entre otros». (CSP)
