La magistrada que subroga el juzgado de Bariloche dictó la orden el lunes a las autoridades de la Policía Federal. Dispuso el allanamiento de los 9 lotes usurpados -públicos y particulares- en la zona para "hacer cesar el delito".
La jueza federal María Silvina Domínguez tiene desde hace meses sobre su escritorio las causas por las usurpaciones de predios de Parques Nacionales y particulares en Villa Mascardi que reivindican personas que se identifican como miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Sin embargo, nunca había ordenado medidas como para dejar sin efecto las ocupaciones que desde noviembre de 2017 se extendían por esa zona, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta nacional 40.
Domínguez es la titular del juzgado federal de Zapala. Pero subroga el de Bariloche que está vacante tras la renuncia del juez federal Leonidas Moldes, que se hizo efectiva desde el 1 de agosto de 2019.
Por eso, sorprendió la orden que Domínguez dictó el lunes al jefe de la Superintendencia Federal de Transporte de la Policía Federal Argentina, comisario general Dante Cardozo, para ejecutar el allanamiento de los predios ocupados por personas que se identifican como miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
La resolución de la magistrada se mantuvo en reserva durante el lunes, y se cumplió este martes tal como lo había ordenado. Desde el Juzgado Federal de Bariloche no dieron explicaciones sobre el procedimiento que se desarrolló durante toda esta jornada, porque la jueza dispuso el secreto de sumario, según informó el abogado Virgilio Sánchez, que defiende a miembros de la comunidad mapuche que están imputados en la causa por la usurpación del predio de Parques Nacionales.
Sin embargo, todo indica que la gota que desbordó el vaso fue el ataque perpetrado por un grupo de personas -que oficialmente no se ha informado que hayan sido identificadas- contra cinco gendarmes que custodiaban el predio Los Radales, ubicado en Villa Mascardi.
El ataque ocurrió la noche del domingo 25 de octubre pasado. Los gendarmes declararon en sede judicial que habían escuchado detonaciones de armas de fuego y optaron por huir y evitar replicar el ataque para preservar la integridad física.
Tras abandonar el predio, los agresores incendiaron una casilla rodante que los gendarmes usaban para resguardarse durante las horas de vigilancia, que había ordenado la justicia federal. Nunca habían atacado a miembros de una fuerza federal con ese nivel de violencia. El hecho originó la apertura de una causa penal.
Por eso, con las primeras luces de este martes, alrededor de 250 efectivos, sobre todo, de la Policía Federal Argentina, se apostaron en la zona de Villa Mascardi y avanzaron hacia los 9 lotes usurpados a organismos nacionales como a particulares.
Domínguez ordenó proceder al allanamiento de los lotes «con el principal objeto de hacer cesar el delito que se viene cometiendo (para lo cual deberán desalojarse completamente) como asimismo lograr la detención de todas las personas que sean habidas en el interior” de los predios.
En esa misma orden se aclara: “La presente se libra en el expediente FRG 16149/2022 caratulado “s/incendio y atentado contra la autoridad”.
Domínguez dispuso proceder “a la amplia inspección de los lugares y registro de todas sus construcciones, dependencias y anexos con miras al secuestro de las armas, teléfonos celulares y demás artefactos electrónicos de almacenamiento de información (notebooks, pendrives, tarjetas de memoria, etc.) que resulten útiles, agendas y anotaciones personales (sean en soporte papel o digital) y de todo elemento vinculado y de interés para la investigación que se practica”.
“Para llevar a cabo las diligencias ordenadas deberá intervenir personal con capacidad operativa suficiente para hacer uso razonable de la fuerza pública (para lo cual podrá solicitar la colaboración de las superioridades que estime correspondan)”, indicó la jueza.
Extremar las medidas para resguardar la integridad física
“En ese sentido, le encomiendo especialmente que se extremen las medidas para resguardar la vida e integridad física de los funcionarios actuantes y de las personas habidas en el lugar (el sector en conflicto también sería ocupado por mujeres y niños); en particular de aquellas que -eventualmente- intenten impedir la realización de la diligencia; así como también los bienes y recursos naturales de la zona”, enfatizó Domínguez.
Ordenó que la utilización de los elementos aprovisionados a los efectivos intervinientes deberá ajustarse a los principios de uso restrictivo, proporcionalidad, gradualidad, legalidad y oportunidad, con miras a la protección de la integridad física de las personas como así también de los bienes y recursos naturales del lugar de conformidad con los protocolos vigentes”.
En uno de los puntos de la orden impartida, la jueza indica: “cumplimentada la medida deberá implementar todas las diligencias necesarias tendientes a que con posterioridad al desalojo se asegure que los predios en cuestión permanezcan libres de ocupantes ilegales”.
Un fallo que causó polémica
Domíguez es la jueza que resolvió admitir el amparo que la comunidad mapuche Millalonco-Ranquehue de Bariloche promovió contra el Ejecutivo nacional y el Ejército argentino.
La jueza dictó un fallo el 2 de febrero pasado en el que “ordenó al Poder Ejecutivo Nacional a que en el término de 60 días –a partir de que quede firme esta sentencia-, transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución N° 1174 del INAI, a los efectos de su adjudicación -en forma inmediata-, en propiedad a la Comunidad accionante”. Se trata de un lote de unas 180 hectáreas, cuya posesión disputa el Ejército.
La sentencia causó enorme revuelo, sobre todo, en medios de Buenos Aires que interpretaron que la comunidad mapuche se quedaba con las tierras donde están las instalaciones de la Brigada Militar de Montaña, lo cual es incorrecto.
Las tierras que la jueza reconoció a la comunidad Millalonco Ranquehue son las que ocupan tradicionalmente desde antes de que aterrizara el Ejército, y fueron relevadas por el INAI hace más de una década.
El fallo fue apelado por apoderados legales del Ejército, pero lo hicieron fuera de los plazos procesales, lo que derivó en otra causa penal contra esos funcionarios.
