Con la denominación de Biofarmacéutica Chubut Sociedad del Estado (BioChubut), el Gobierno de Chubut envió este viernes a la Legislatura provincial el proyecto de ley para regular el acceso a plantas de cannabis y sus derivados a los ciudadanos chubutenses, que incluye un capítulo especial para la constitución de una empresa pública (Sociedad del Estado) que será la herramienta estratégica para el desarrollo de las políticas para la investigación médica y científica de uso medicinal terapéutico y/o paliativo de la planta de Cannabis y sus derivados dentro de Chubut.
Se trata de Biofarmacéutica Chubut Sociedad del Estado, que estará radicada en Rawson, pudiendo establecer sucursales, filiales, agencias o delegaciones en cualquier lugar del país o del extranjero, dice el proyecto elevado a los diputados. BioChubut tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, y cumpliendo con las normas nacionales y provinciales vigentes, impulsar bajo su control la producción de la planta de cannabis y sus derivados, su eventual industrialización y distribución para su uso médico, terapéutico y/o paliativo del dolor para personas que cuenten con prescripción del médico profesional que interviene en el tratamiento, dice el texto del proyecto. Además, garantizar la provisión medicinal de manera gratuita al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut para pacientes con residencia permanente en la Provincia del Chubut que, cumpliendo con los recaudaos establecidos en la presente ley, no cuenten cobertura de salud privada ni obra social, ni tengan forma de acceder a ella; desarrollar emprendimientos productivos que importen la siembra, cultivo, transporte, almacenamiento y producción de la planta de Cannabis y/o sus derivados, con fines científicos, medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor para terceras personas beneficiarias que acrediten la prescripción de profesional médico matriculado y encontrarse inscriptas en alguno de los Registros creados al efecto; así como la instalación de establecimientos y equipamientos necesarios a tales fines. También, adquirir, elaborar, fabricar, transportar almacenar, distribuir semillas, plantas, abonos, material fitosanitario, fertilizantes y demás recursos necesarios para la ejecución de las actividades que componen su objeto social, para continuar su producción, para suministrar al Estado Provincial a los fines de sus programas, para terceras personas beneficiarias que acrediten la prescripción de profesional médico matriculado y encontrarse inscriptas en alguno de los Registros creados al efecto, y para todas aquellas personas que se encuentren autorizadas, de conformidad a las autorizaciones que se le confieran en el marco de la normativa que rija en la materia, agrega el proyecto. La duración de la sociedad será de 99 años contados a partir de la fecha en que la misma quede legalmente constituida, con un capital social de $ 10.000.000. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un presidente propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo Legislativo, cuatro directores titulares y directores suplentes, todos designados por el Poder Ejecutivo, de los cuales uno lo hará en representación del Ministerio de Salud, uno en representación del Ministerio de Seguridad, uno en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio y uno en representación de la Legislatura Provincial. Quieren reestructurar deuda pública El gobernador Mariano Arcioni, elevó a la Legislatura Provincial un proyecto de ley para obtener la autorización correspondiente para reestructurar una deuda de 1.892 millones de pesos, que surge a partir del 18 de mayo de 2016 en el marco de un acuerdo celebrado con el Gobierno Nacional. Mediante ese acuerdo, el Gobierno Nacional instruyó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a desembolsar a favor de las provincias firmantes, entre las que se encontraba Chubut, préstamos de libre disponibilidad con cancelaciones parciales y sucesivas. El proyecto, enviado, redactado y aprobado por Nación, establece que la fecha de emisión del Bono de Conversión será el 15 de marzo de 2022 y el vencimiento operará a los 9 años, con un plazo de gracia de 3 años y cuyo primer vencimiento será el 15 de marzo de 2025. El bono a emitir tendrá denominación en pesos y la cancelación de capital será en doce cuotas semestrales, iguales y consecutivas, pagaderas los días 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año hasta el año 2031. La iniciativa girada al Parlamento chubutense también autoriza al Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, a adherir a los mecanismos que el Estado Nacional pudiera disponer para atender desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. La solicitud se basa en que el Gobierno Nacional, mediante el decreto Nª 458/21, determinó la prórroga de los acuerdos de refinanciación suscriptos ante la ANSES, en su carácter de administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se fijó como fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2022. Ello “a los efectos de que las provincias puedan ejercer la conversión en un bono con vencimiento a mediano plazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la ley 27.574”. Dicha norma “también permite hacer lo propio con los desembolsos que tuvieron lugar en los años 2018 y 2019”. La Exposición de Motivos del proyecto de ley remarca que “no se trata de contraer un nuevo endeudamiento, sino de reprogramar los vencimientos de los pasivos asumidos durante los años 2016, 2017,2018 y 2019”. “La opción del bono de conversión es un instrumento financiero que establece el decreto nacional 458/21, que permitirá dar mayor oxígeno a las cuentas públicas provinciales y lograr un mejor ordenamiento de los vencimientos de la deuda pública, tendientes a hacer converger la misma a niveles sostenibles”, agrega. Por último, se destaca que la emisión del bono de conversión se realizará en varios tramos, considerando los vencimientos de los respectivos desembolsos, según se informó a través de un parte de prensa del Gobierno.
