Crece la inquietud por Nahuel Gallo tras la nueva Ley de Amnistía en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en la frontera de Venezuela el 8 de diciembre de 2024.

Organismos de derechos humanos denunciaron que la reciente Ley de Amnistía aprobada en Venezuela excluye a cientos de detenidos por razones políticas, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre de 2024. Familiares y referentes civiles advierten que el texto contiene una selección “arbitraria” de fechas que deja fuera a unas 400 personas.

Un recorte cuestionado en el período que abarca la ley

La norma fue aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara que la amnistía cubriría el período comprendido entre 1999 y 2026.

Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que el texto definitivo solo contempla meses específicos dentro de esos años, lo que en la práctica deja afuera largos períodos completos. Desde Foro Penal señalaron que la redacción implica la exclusión de 15 años enteros dentro del lapso general anunciado.

“Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico”, cuestionó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, durante una conferencia de prensa en Caracas.

Nahuel Gallo, fuera del alcance de la amnistía

En ese mismo encuentro, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, aseguró que Nahuel Gallo “no está incluido en la amnistía en ningún lado del texto”.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera venezolana. Según el artículo 6 de la ley, para ese año solo se contemplan “hechos de violencia por motivos políticos” vinculados a las elecciones presidenciales de julio de 2024, lo que deja fuera su caso.

La situación generó malestar entre los familiares, que participaron de la conferencia y reclamaron una liberación amplia y sin exclusiones.

Reclamos por discrecionalidad y falta de garantías

Desde Foro Penal sostienen que actualmente hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas de libertad que estuvieron encarceladas por motivos políticos, y advirtieron que la ley mantiene amplios márgenes de interpretación.

También cuestionaron que sean los mismos jueces y fiscales que intervinieron en las causas quienes deban aplicar la amnistía, en lugar de designar magistrados específicos para esa tarea.

Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón expresó que el texto resulta “excluyente” y no garantiza la liberación plena de todos los detenidos por razones políticas.

En paralelo, el gobierno venezolano informó que desde diciembre fueron liberadas casi 900 personas. No obstante, Foro Penal contabiliza hasta el momento 448 liberaciones vinculadas a motivos políticos.