C. Rivadavia: Patagonia Argentina rechazó nuevas prórrogas y exige un contrato directo por cinco años

La empresa endureció su postura frente al Municipio de Comodoro Rivadavia y confirmó que ya inició una demanda judicial para anular la licitación que adjudicó el servicio al Grupo MR. Además, advirtió sobre una posible acción millonaria por daños y perjuicios.

La disputa por la concesión del transporte público en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo luego de que Patagonia Argentina rechazara de manera definitiva la posibilidad de continuar bajo nuevas prórrogas temporarias.

El actual acuerdo entre la empresa y el Municipio vence el próximo 31 de mayo y todavía no existe una definición concreta sobre quién operará el servicio desde junio ni bajo qué esquema contractual.

En ese contexto, José María Ferreyra de las Casas, abogado de la firma, confirmó que la empresa ya respondió formalmente a la propuesta de extensión presentada por el Ejecutivo municipal y dejó en claro que no aceptarán continuar bajo el mismo mecanismo.

“No hay más prórrogas”

Según explicó el letrado, Patagonia Argentina planteó una serie de condiciones para continuar prestando el servicio y sostuvo que la empresa solo está dispuesta a negociar uno de los puntos incluidos en esa propuesta.

Entre las exigencias aparece la posibilidad de una contratación directa por cinco años. “No hay más prórrogas. Patagonia no da más prórrogas”, afirmó el abogado, quien indicó que la empresa pretende un nuevo contrato que le permita garantizar previsibilidad operativa y financiera.

A pesar de la firme postura, desde la compañía aseguraron que existe un compromiso para evitar que la ciudad quede sin transporte público. “No podemos dejar sin servicio a la ciudad. Es un compromiso con la comunidad”, sostuvo Ferreyra de las Casas.

Demanda judicial y posible reclamo millonario

En paralelo al conflicto administrativo, Patagonia Argentina confirmó que ya inició una demanda judicial contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia solicitando la nulidad del proceso licitatorio que terminó adjudicando el servicio al Grupo MR.

La empresa sostiene que existieron irregularidades durante el procedimiento y aseguró que, en caso de que la Justicia no anule la licitación, avanzará con un reclamo por daños y perjuicios.

Según indicó el abogado, el monto estimado de esa eventual demanda alcanzaría los 37 millones de dólares únicamente por lucro cesante.

Cuestionamientos al proceso licitatorio

Ferreyra de las Casas aseguró que el conflicto no comenzó con la licitación actual sino que se remonta a varios años atrás, vinculando las sucesivas prórrogas del contrato con un deterioro progresivo de la capacidad operativa de la empresa.

En ese sentido, afirmó que los períodos cortos de extensión contractual impidieron proyectar inversiones a largo plazo y terminaron afectando la renovación de la flota.

Además, cuestionó el desarrollo del proceso licitatorio y aseguró que Patagonia Argentina “no era la favorita” dentro de la compulsa.

Entre las denuncias, sostuvo que el Grupo MR habría contado con ventajas durante el procedimiento administrativo y acceso a información antes de que fuera comunicada oficialmente.

También remarcó que, según su interpretación de la normativa vigente, la preferencia debía recaer sobre la empresa local debido a la diferencia de precios presentada en las ofertas.

Funcionarios apuntados

Otro de los aspectos más duros de la presentación judicial tiene que ver con la eventual responsabilidad de funcionarios municipales.

El abogado sostuvo que, si prospera una eventual condena económica, los costos no deberían recaer sobre los contribuyentes sino sobre los funcionarios que participaron en las decisiones administrativas cuestionadas.

En ese marco mencionó a integrantes de la comisión de preadjudicación, funcionarios de Asesoría Letrada, al intendente, al secretario de Gobierno y al ex asesor letrado municipal Jorge Echelini.