Bolivia habilita la intervención militar ante la escalada de protestas y bloqueos
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La Cámara de Diputados aprobó una ley que elimina restricciones para el accionar de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. El país atraviesa su cuarta semana consecutiva de tensión social. El conflicto en Bolivia se originó por una combinación de crisis económica, tensión política y reclamos sociales que se fueron profundizando durante las últimas semanas.
Qué está pasando
Distintos sectores sociales —como sindicatos, organizaciones campesinas, mineros, movimientos indígenas y juntas vecinales— iniciaron protestas y bloqueos de rutas en todo el país para exigir cambios urgentes al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Entre los principales reclamos aparecen:
La suba del costo de vida y la inflación.
Problemas de abastecimiento de combustible.
Escasez de dólares y dificultades económicas.
Reclamos salariales y laborales.
Críticas a la gestión del Gobierno.
Pedido de renuncia del presidente por parte de algunos sectores.
Por qué los bloqueos generan tanta tensión
Bolivia depende mucho del transporte terrestre para mover alimentos, combustible y productos básicos entre regiones. Por eso, los más de 150 bloqueos registrados comenzaron a afectar el abastecimiento en ciudades importantes como La Paz, El Alto y Oruro.
El Gobierno sostiene que la situación ya afecta servicios esenciales y por eso impulsó una ley para permitir una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.
Qué aprobó el Congreso
La Cámara de Diputados aprobó eliminar restricciones que existían desde 2020 para el uso de militares en conflictos sociales. Eso habilita al Ejecutivo a avanzar hacia un posible estado de excepción.
La oposición y algunos organismos sociales advierten que esto podría aumentar la conflictividad o derivar en episodios de represión.
El trasfondo político
Bolivia viene atravesando varios años de fuerte polarización política después de las crisis que comenzaron tras la salida de Evo Morales en 2019.
Desde entonces, el país mantiene divisiones internas entre sectores oficialistas, movimientos sociales y grupos opositores, en un contexto económico cada vez más complicado.
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