Al considerar que ni Lázaro Báez ni su hijo Martín, como representantes de Austral Construcciones, crearon para su provecho las "usinas" de facturas truchas en la ciudad, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó ayer revocar el procesamiento de ambos imputados.
Por el contrario, los camaristas Pablo A. Candisano Mera y Leandro Picado, de la Sala II, resolvieron confirmar el procesamiento de Silvio Luis, Franco y Enzo Ficcadenti; José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía, por asociación ilìcita fiscal.
En el mismo marco, fueron desprocesados, como los Báez, Néstor Manuel Piñeiro e Iván Fernando y Mario Sebastián Pedraza.
Luego de meses de estudio, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos investigados y que son de carácter económico y tributario, los magistrados diferenciaron dos hechos que se encontraban entrelazados en la investigación: por un lado las empresas que emiten facturación apócrifa (“usinas”) y, por el otro, las empresas que adquieren esas facturas para evadir impuestos (“usuarias”).
De esa manera concluyeron, por las pruebas reunidas, que en Bahía operaron dos grupos de "usinas, conformadas por las familias Ficcadenti y Ferreyra (con Chanquía como contador de las firmas Penta y Terrafari), de cuya emisión se beneficiaba Austral.
Los investigan en la Capital
En cuanto a Lázaro y Martín Báez, "en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías bahienses haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación", dijeron los jueces.
No obstante, sí se encontró acreditado que los Báez habrían obtenido facturas apócrifas emitidas por las empresas bahienses, por intermedio de la sociedad Austral Construcciones, con el fin de evadir el pago de tributos (lo que los convierte en “usuarios” de dichas facturas).
Ese hecho ya está siendo investigado en la ciudad de Buenos Aires (donde Austral Construcciones tenía domicilio fiscal al momento del hecho), en dos causas del fuero Penal Económico, al que se remiten las constancias de esta causa que puedan resultar de interés.
Al comprobarse que adquirieron y utilizaron las facturas apócrifas de empresas bahienses no podían seguir siendo investigados también en Bahía porque se podía generar un conflicto, consistente en que un mismo hecho sea juzgado más de una vez, se aclaró.
En cuanto a Piñeiro y Mario e Iván Pedraza, al no haberse acreditado su efectiva participación en el hecho que aquí se investiga, se les revocó el procesamiento dictado por el juez de primera instancia, quedando con una falta de mérito. (La Nueva)
