En un acto que se celebró este mediodía en Casa Rosada, el Jefe de Estado formalizó la norma que lleva el nombre de Diana Sacayán y Lohana Berkins, que contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos y demás organismos deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.
“Hay quienes creen que dar derechos es un problema porque rompe el status quo, creen que es mejor un país con derechos para algunos”, dijo Fernández y señaló que desde que el Frente de Todos llegó al Gobierno, se propuso la “ampliación” de los mismos.
En ese sentido, dijo que “una sociedad que descarta a su gente, es una horrible sociedad” y que, en cambio, “la mejor Argentina es la que da derechos”.
Además dijo que cada paso en la ampliación convierte a todos en “una mejor sociedad, una mejor comunidad”.
Luego de reiterar su apelación al diálogo en la diversidad, el Presidente dijo que uno de los “puntos de encuentro” entre aquellos que piensan diferente “es dejar de marginar al otro” y “terminar con el descarte” y entender que “las minorías tienen derechos y que las mayorías deben reconocerles esos derechos”.
También dedicó un párrafo para recordar el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al que calificó como el “más progresista” desde el retorno de la democracia en lo que respecta a la ampliación de derechos y sostuvo que pretende que el suyo sea “más progresista aún”.
Finalmente, convocó a los empresarios a emplear personas más allá de su elección sexual u orientación de género y expresó su confianza en que en el futuro no deban dictarse leyes que aseguren cupos para minorías que sufren discriminaciones, sino que sea una cuestión natural el equilibrio.
Fernández estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda.
La ley
La ley contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.
“La normativa, votada en el Congreso, convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional”, se indica en un comunicado oficial.
La misma lleva el nombre de “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en conmemoración de sus impulsoras, junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos.
“La ley constituye un paso fundamental en la reparación de las desigualdades históricas y estructurales que existen en la sociedad respecto a la población travesti-trans”, se agregó.
El pasado 24 de junio, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.
El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.
“Celebro la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Bandera transgénero”, expresó el Presidente desde su cuenta de Twitter, tras la sanción.
Añadió que “este logro es la continuación de los avances hechos con el decreto 721/2020 del Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público Nacional”.
“Es el resultado de la lucha de un colectivo históricamente vulnerado. Era hora de que el Estado escuchara y atendiera su reclamo. Hoy somos un país más justo e igualitario que reconoce y celebra su diversidad”, reafirmó Fernández.
