El representante del Ministerio Público entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en los debates del juicio oral "no tiene el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia". Familiares de las víctimas lamentaron el fallo: "es un doloroso retroceso que ilustra acabadamente que en el fuero penal Federal de Comodoro Py no existe el estado de justicia y solo reina el estado de indefensión, con mucho olor a podredumbre".
Por su parte, los familiares de las víctimas de la mayor catástrofe de la aviación civil argentina están conmocionados: avizoran que está a punto de volver a abrirse la profunda herida que cargan desde el 10 de octubre de 1997 y que esperaban comenzar a cerrar con un fallo ejemplar de la Justicia.
Es que, en su alegato, el fiscal Juan Patricio García Elorrio consideró que no había pruebas suficientes para inculpar a los 35 exfuncionarios de la Fuerza Aérea y exdirectivos de Austral que, casi 24 años después, llegaron al tramo final del juicio por la caída del DC9-32 de la empresa en Uruguay, acusados de estrago doloso con la consecuencia de 74 muertes.
El representante del Ministerio Público consideró que ante la insuficiencia de elementos de cargo debía primar el principio de in dubio pro reo, es decir, que ante la duda se debe fallar a favor del imputado.
De tal forma, postuló la absolución de todos los acusados por el delito más grave porque las pruebas recogidas en la instrucción y en el debate oral “no tienen el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.
Solo se permitió pedir la pena de tres años de prisión en suspenso para Danilo Wenk, un exfuncionario de la desaparecida Dirección Nacional de Aeronavegación por haber falseado un documento para justificar el desvío de las normas vigentes que permitió a la aerolínea (entonces, cedida en concesión al Instituto Nacional de Industria de España) operar aquel avión sin una alarma que era de uso obligatorio.
Habían certificado una aeronave que, con la configuración que tenía, no debía volar, según las normas internacionales adoptadas como propias por la Argentina.
Los querellantes, que en su alegato requirieron penas de hasta 25 años de prisión para 24 de los imputados, advierten que, si el Tribunal Oral Federal N°5 se allana al requerimiento del fiscal en el juicio, un fallo absolutorio podría, incluso, provocar un conflicto diplomático para la Argentina.
Fuente: La Nación
