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  • Foto del escritorNQP/NOTICIAS

San Martín de los Andes: investigan a funcionario público por distribución de pornografía infantil

Un funcionario público de San Martín de los Andes quedó en el ojo de la tormenta por un delito aberrante: se detectó que se difundió material pornográfico infantil desde su domicilio. La fiscalía ya ordenó un primer allanamiento en el que secuestró varios dispositivos electrónicos, cuyo peritaje aportará certezas a la causa.



Dada la naturaleza del delito y la gravedad de lo que supone la acusación, por estas horas los detalles de la investigación se mantienen bajo un estricto hermetismo. Aún así, el fiscal jefe Fernando Rubio confirmó la información y confió los primeros avances.


"A través de una alerta que brinda Microsoft a través del Centro Nacional para Chicos Explotados y Perdidos de Estados Unidos, se avisa sobre la subida de imágenes de pornografía infantil a través de una dirección de IP de San Martín de los Andes. A raíz de eso, nosotros verificamos esa información, la pertenencia de esa dirección electrónica y se pidió el allanamiento de la vivienda", relató este viernes en diálogo con LU5.


En la diligencia practicada en el domicilio, donde viven un matrimonio y su hijo adolescente, los efectivos pudieron hallar ocho dispositivos que resolvieron secuestrar: cinco celulares, una notebook, una tablet y una PlayStation. "Ahora estamos esperando la pericia pertinente para determinar exactamente de qué dispositivo subieron esas imágenes. Calculamos que en no más de 10 días vamos a poder tener determinado de qué dispositivo salieron y así poder ajustar las imputaciones", sostuvo.


En este sentido, indicó que se detectaron "varias fotografías" con contenido de abuso sexual infantil, también denominado pornografía infantil.


El lunes de esta semana se concretó el allanamiento y este viernes, se notificó a los adultos de su imputación a la causa. De la pericia dependerá si se avanza a una formulación de cargos y bajo qué carátula.


Sin embargo, lo más grave quizás es que el propietario de la vivienda, y por lo tanto uno de los sospechosos, es un funcionario público de la localidad, cuya identidad por el momento no trascendió.


"La gravedad del delito consiste en propagar esas imágenes, entonces cuando yo obtengo una imagen, no importa cómo pero si la subo a internet y permito que otras personar la vean, ahí cometo el delito", explicó Rubio. De confirmarse las acusaciones en su contra, ardería el ámbito público provincial. (LMN)


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