La Fiscalía pidió incorporar al decomiso el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
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El fiscal federal Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario en el marco de la causa Vialidad.
La medida forma parte de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía para intentar cubrir el perjuicio económico al Estado fijado por la Justicia, estimado en alrededor de 685 mil millones de pesos.
El inmueble donde cumple la condena
El departamento de Constitución integra el listado de bienes que la fiscalía busca incorporar al decomiso.
Según el dictamen presentado ante el tribunal, el inmueble estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por ese motivo, debería formar parte de la ejecución patrimonial destinada a resarcir el daño económico.
La propiedad tiene además un fuerte peso simbólico y judicial, ya que se trata del domicilio donde la exmandataria permanece detenida luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El listado de bienes incluidos
El pedido de Luciani abarca una amplia nómina de activos, entre ellos:
141 inmuebles
46 automotores
US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria
sumas menores en pesos
De acuerdo con la fiscalía, trece de las propiedades pertenecen a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y otras 128 a empresas asociadas al empresario Lázaro Báez.
Hoteles y propiedades en Santa Cruz
Entre los bienes incluidos también aparecen algunos de los activos más representativos vinculados a la investigación:
el hotel Alto Calafate
el hotel La Aldea, en El Chaltén
el chalet de la costanera en Río Gallegos
terrenos y propiedades en Santa Cruz
Estos activos se sumarían a una primera etapa de decomisos que ya había alcanzado más de cien propiedades pertenecientes a los condenados.
Los argumentos de la fiscalía
En su presentación, Luciani sostuvo que el objetivo es recuperar activos provenientes de las maniobras fraudulentas detectadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Además, recordó que los condenados fueron intimados a devolver el dinero determinado por la Justicia y señaló que “no han depositado ni un solo peso”.
El fiscal también argumentó que el patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” respecto de los ingresos declarados.
La decisión queda en manos del tribunal
Ahora será el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el que deberá resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de decomiso.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos mantiene recursos judiciales para intentar frenar la ejecución patrimonial, una discusión que podría volver a llegar a la Corte Suprema.
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