Escándalo pesquero en Chubut: ¿Corrupción? Sospechas en el mar

En diálogo con NQP Radio Cadena Patagónica, el empresario pesquero Fernando Álvarez, titular de CONARPESA, manifestó su preocupación ante la versión de que podrían otorgarse dos nuevos permisos de pesca en Isla Escondida a Red Chamber Argentina, empresa que en el pasado administró los activos de la ex Alpesca y que fue apartada por supuestos incumplimientos.

“A los amigos se les pasa la mano por la espalda y al que hace quilombo le dan permiso”, advirtió con indignación.

Un rumor que encendió las alarmas

El sector pesquero patagónico atraviesa horas de inquietud. Versiones no oficiales indicarían que el Gobierno de Chubut evaluaría otorgar dos nuevas licencias de pesca a Red Chamber Argentina (RCA), una medida que —de concretarse— podría aumentar el esfuerzo pesquero en zonas ecológicamente sensibles y reabrir sospechas sobre el manejo discrecional de los permisos.

La inquietud creció luego de las declaraciones de Fernando Álvarez, presidente de CONARPESA, durante una entrevista con NQP Radio Cadena Patagónica, donde expresó:

“A mí me gusta hablar de los hechos que pasan, y los hechos son que se supone que por ahí se darían dos permisos de pesca de Isla Escondida nuevos a la empresa Red Chamber. Cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Pero yo voy al fondo de la cuestión.”

Un empresario que defiende la inversión nacional

Fernando Álvarez, con más de tres décadas en la industria pesquera argentina, recordó su historia como empresario nacional que invierte, produce y reinvierte en el país, sosteniendo 1.300 puestos de trabajo directos en Chubut, Santa Cruz y Bahía Blanca.

“Yo tengo varios barcos en Rawson, tengo barcos en todos lados, pero a todos los compré yo. Los pagué yo, pagué la licencia yo, pagué los permisos yo. Nadie me dio nada.”

Empresario Fernando Álvarez Castellano - Presidente de CONARPESA

“Pasé momentos malos por ser tan ambicioso y tan invertidor serial, y bueno, ves estas cosas y no te hacen bien. No me parece justo que a los amigos se les pasa la mano por la espalda y al que hace quilombo le dan permiso.”

Para Álvarez, el problema no se reduciría a una disputa empresarial, sino a un patrón de decisiones políticas que —a su entender— premiarían a los aliados y castigarían a los que producen.

De Alpesca a Red Chamber: una historia que vuelve a emerger

Red Chamber Argentina administró en el pasado los activos de la ex Alpesca, la histórica compañía pesquera de Puerto Madryn que quebró tras años de crisis y denuncias de vaciamiento.

El contrato con Red Chamber, luego de una década, fue rescindido por el Gobierno de Chubut por presuntos incumplimientos.

El secretario de Pesca provincial, Andrés Arbeletche, habría calificado a la empresa como “incumplidora serial”, y desde entonces esas operaciones pasaron a manos de Profand.

Por eso, la posibilidad de que se le otorguen nuevamente licencias a Red Chamber genera asombro y sospechas.

Distintas fuentes políticas sostienen que detrás de este movimiento podrían existir intereses vinculados a maniobras para tapar irregularidades previas, en un contexto donde la transparencia institucional vuelve a estar en debate.

La sorpresa cobra más peso si se considera que Red Chamber Co., empresa estadounidense con sede en California, presentó una demanda formal en la justicia federal del Distrito Central de California el 30 de septiembre de 2025 contra el grupo Profand S.L. (España), su filial Pesquera Deseado S.A.U. (Argentina) y funcionarios de la Provincia de Chubut.

En esa acción judicial, Red Chamber denunciaría extorsión, interferencia contractual ilícita, violación de secretos comerciales y conspiración empresarial, amparándose en la Ley de Secretos Comerciales de EE.UU. y la Ley RICO, que persigue delitos asociados al crimen organizado.

Según la demanda, en una reunión celebrada en Buenos Aires a comienzos de 2025, el entonces ministro de Economía y actual Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, habría exigido al presidente de Red Chamber Argentina, Marcelo Mou, el pago de una coima de 6,5 millones de dólares para permitir la continuidad del contrato por los activos de la ex Alpesca. La empresa se habría negado a efectuar ese pago.

Tras ese episodio, la provincia habría rescindido el contrato unilateralmente y, en cuestión de semanas, habría firmado un nuevo acuerdo de locación con Profand, que tomó posesión de las plantas y buques que hasta entonces operaba Red Chamber.

En la misma demanda, Red Chamber acusaría al Secretario de Pesca Andrés Arbeletche de haber facilitado información técnica y confidencial de la empresa a Profand, recordando que habría sido abogado de RCA en años anteriores.

Pese a este escenario judicial abierto y a la gravedad de las acusaciones, trascendió que el gobierno provincial estaría evaluando otorgar dos NUEVOS permisos de pesca a Red Chamber Argentina, una empresa que actualmente no opera ni invierte en Chubut.

Fuentes vinculadas a la actividad pesquera interpretan que esta decisión podría buscar desactivar la causa en California y evitar que la investigación alcance a otros funcionarios de alto nivel de la provincia.

👉 Habría incluso un pedido de proyecto y tratamiento en comisión este próximo martes, para luego sesionar el jueves, con la intención de dar el marco legal junto a los legisladores a estas dos nuevas licencias y otorgarlas a Red Chamber.

Si así fuera, el otorgamiento de nuevas licencias no solo incrementaría el esfuerzo pesquero sobre un recurso ya en tensión ecológica, sino que podría interpretarse como una maniobra política para silenciar un conflicto judicial de magnitud internacional.

De comprobarse todo lo denunciado, la gravedad institucional sería enorme. ¿Ameritaría esto un juicio político inmediato para el Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, y eventualmente para otros altos funcionarios públicos involucrados?

La pregunta, todavía sin respuesta, resuena cada vez con más fuerza en los ámbitos judiciales y legislativos de la provincia.

Un daño ecológico que podría ser irreversible

Más allá de lo político y lo empresarial, el impacto ambiental sería el primer daño colateral. Cada nueva licencia implicaría más barcos en zonas de desove del langostino, principal recurso de exportación pesquera argentina.

Científicos del INIDEP advierten que, sin control ni estudios técnicos previos, el ecosistema del Golfo San Jorge podría sufrir un deterioro acelerado, afectando la biodiversidad y la sustentabilidad del sector.

“Todo el valor que tenían los barcos y los permisos de la Escondida se va esfumando. Porque ahora son dos, pero quién dice que la próxima gestión siga dando y dando. ¿Cómo vamos a acabar?”, cuestionó Álvarez.

La voz de la advertencia

Durante la entrevista con NQP Radio Cadena Patagónica, Álvarez fue prudente al hablar de corrupción, pero su mensaje fue contundente:

“Yo no soy nadie para decir que haya corrupción o no, porque no tengo prueba ni nada. Pero me gusta hablar de los hechos, y los hechos son que se estarían dando permisos nuevos.”

Sus palabras expresan lo que muchos en el sector piensan: la sensación de que el esfuerzo productivo nacional se ve amenazado por decisiones políticas opacas.

“Yo ya tengo una edad que no voy a cambiar mi manera de ser, no suelo polemizar en esas cosas”, agregó.

“La verdad que esto ya pasó en gestiones anteriores… sobre unos permisos que iban a darse y finalmente se dieron”, concluyó. Mi evaluación es negativa porque se ha aumentado el esfuerzo pesquero y entonces todo el valor que tenían los barcos y permisos se van esfumando.”

De confirmarse, el otorgamiento de nuevas licencias pesqueras a una empresa que fue apartada por presuntos incumplimientos representaría mucho más que una decisión administrativa: sería una señal peligrosa de connivencia política y desinterés ambiental.

La corrupción no siempre se mide en dinero: a veces, se mide en silencios, permisos y favores otorgados a espaldas del mar y de la gente que produce.