Desde el Centro de Empleados de Comercio, la UOCRA y La Bancaria cuestionaron la iniciativa que impulsa Juntos por el Cambio. Consideran que es inviable y que abre la puerta para favorecer a empresarios de seguros.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el primero en tirar la piedra para modificar el actual sistema de indemnizaciones. "Hay que ir de la indemnización a un seguro", afirmó para luego poner como ejemplo la legislación que actualmente rige en la construcción donde "hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización" la cual, según su opinión, sería algo beneficioso "incluso para el trabajador".
No es la primera vez que desde Juntos por el Cambio se intenta avanzar sobre el derecho de los trabajadores. Hace algunos meses el empresario textil Teddy Karagozian propuso la aplicación de la "mochila argentina", que busca establecer un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que salga de un fondo del empleado, evitando así los problemas que suelen ocurrir a la hora de terminar las relaciones laborales. El proyecto no prosperó.
Sin embargo, el diputado nacional por Tierra del Fuego, Héctor Antonio Stefani, volvió a la carga ahora sobre uno de los derechos conquistados por la clase trabajadora. El legislador nacional presentó un proyecto de ley de creación del SGI que, según su criterio, "no representa costo adicional para los empleadores" ya que "el fondo fiduciario del SGI debe aplicarse y constituirse en base a la nómina salarial vigente y deja prohibido la creación de nuevos conceptos o aumentos de los vigentes para su costeo".
"En este sentido, se le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la discrecionalidad de determinar qué conceptos y porcentaje de lo que actualmente se aplica, se aportará al SGI. Puede ser del sepelio, de los gremios, de la ART: eso será a determinar por el PEN para darle margen de acción", afirmó.
ES INVIABLE
El Patagónico dialogó con dirigentes del Centro de Empleados de Comercio (CEC), de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y de La Bancaria para conocer su postura sobre este proyecto de ley impulsado por el macrismo.
“No estamos de acuerdo y es preocupante que quieran hacer pagar a los trabajadores. El costo viene por la cantidad de impuestos que paga el empleador. El trabajador no es el costo mayor que tiene el empleador. Hay que buscar alternativas que sean equitativas”, aseveró Matías Silva, dirigente del CEC.
El sindicalista manifestó que este tipo de iniciativas solo perjudica al trabajador porque no recibiría ningún tipo de resarcimiento cuando el empleador decida no contar más con sus servicios. También aseveró que la creación de un seguro de desempleo solo significaría un negocio para los empresarios. “Habría que ver quién hace el importe: si el trabajador o el empleador. Nosotros tenemos lo que nos pasa con el seguro de retiro de la cuenta. Los empleadores tienen la obligación de pagar y no lo pagan. Y terminan haciendo demandas igual porque no se abona nunca. Nada te asegura que el cambio a un sistema de ahorro que plantea Juntos por el Cambio vaya a funcionar”, cuestionó.
Asimismo, Silva manifestó que este tipo de iniciativas solo trae más gastos para el trabajador y afirmó que de aprobarse esta propuesta “solo se estaría beneficiando a un sector determinado que son las aseguradoras”.
Y consideró que esta medida no mejorará la situación de las pymes. “Van a tener un costo extra porque al ser agente de retención, seguramente le retendrán una parte del salario y lo tendrían que aportar el empleador. Nada garantiza que este proyecto sea una salvación para las pymes”, subrayó.
En este sentido, Silva puso de ejemplo lo que pasa con los aportes de la obra social para explicar por qué el proyecto es inviable. “Hay una millonaria suma que le retienen a los trabajadores y que no aportan a las obras sociales. Y después el trabajador se queja porque no funciona como sucede, pero él no está al tanto de la cantidad de deuda que hay en la calle con respecto a las obras sociales. Pasaría lo mismo con el seguro. Es inviable”, criticó.
“SIEMPRE DEL LADO DEL TRABAJADOR”
En la UOCRA funciona una libreta de fondo de desempleo que le permite a un obrero cobrar el dinero que se fue guardando a partir del tiempo trabajado en una obra activa. Cuando termina la misma, el obrero vuelve a la bolsa de trabajo y tiene el fondo mientras espera el llamado para un nuevo proyecto.
Pero el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva, manifestó que está a favor de las indemnizaciones. “Todo lo que el obrero se pueda llevar cuando se queda sin trabajo, yo lo veo bien. Yo estoy a favor de la doble indemnización. Jamás podría oponerme a las indemnizaciones, más allá de que en nuestro rubro se aplica otro sistema”, aseguró.
En tanto Walter Rey, secretario general de La Bancaria, rechazó categóricamente el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio. “En primer lugar, un rechazo total a este tipo de maniobras para terminar con los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Es totalmente falso el argumento usado de que ‘hay millones de personas que hoy no consiguen trabajo’ debido al actual sistema laboral vigente. Es más, la propuesta radica en ir de la eliminación de la indemnización por despido a un seguro que sería afrontado por los mismos trabajadores”, sostuvo.
“Hay que recordar que la indemnización es una conquista histórica del movimiento obrero organizado y está garantizada en el artículo 14 Bis de nuestra Constitución. Y lo más grave es que nos quieren hacer creer de lo beneficioso de este proyecto, violando todas las normativas del Estado de Derecho y con los riesgos que ello implica, por lo cual el repudio. Un seguro de este tipo y administrado por ANSES tras el despido y la renuncia, traería aparejado abusos y apremios a los trabajadores para que lo hagan por ‘apriete’: apunta lisa y llanamente a terminar con los derechos laborales. Se trata de un absoluto manipuleo de las patronales”, criticó.
“La indemnización por despido no se enfrenta a la creación de nuevos puestos de trabajo; todo lo contrario y está comprobado, dando un marco de seguridad y, a su vez, consagra derechos históricos respetando la antigüedad en el ejercicio de las distintas profesiones”, afirmó Rey. (El Patagónico)
