El Gobierno conocía desde un primer momento que la aeronave venezolana-iraní tenía irregularidades y existían alertas. La cuestión expone la vocación oficial de ir siempre detrás de los acontecimientos, como con lo sucedido con el mercado de bonos.
La Casa Rosada conocía desde un primer momento que el avión de Emtrasur tenía irregularidades y existían alertas por vinculaciones con actividades terroristas de Irán. La información le llegó a los organismos de control el mismo 7 de junio, cuando la aeronave tocó suelo en Ezeiza.
La información la suministraron las tres petroleras que operan en el aeropuerto. Entre ellas, la estatal YPF, que controla La Cámpora. Primero Shell y después Axion se negaron a suministrar combustible: lo hicieron porque la firma iraní-venezolana está en una lista negra internacional.
Después fue YPF la que tampoco abasteció a la nave del escándalo. La firma desoyó a varios amigos de Venezuela e Irán que militan en el Instituto Patria y –sin ninguna suerte– trataron de urgar para buscarle una solución a Maduro.
Pero ninguna gestión prosperó. El trío de petroleras tienen prohibido operar con firmas vinculadas a Irán y sospechadas de actividades terroristas en el mundo. El avión figuraba en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC), del Tesoro de los EE.UU.
La OFAC controla el dinero con el cual se financia el terrorismo y sanciona a las empresas que colaboren con los iraníes que se encuentren en la lista negra.
La Security Exchange Commission también obliga a las petroleras (y a toda firma que cotice en Wall Street) a abstenerse de hacer negocios con firmas iraníes.
La penas de la OFAC son severas y las sanciones de la SEC, durísimas: las petroleras pueden quedar fuera de mercado.
Las tres petroleras tienen –a su vez– códigos de procedimiento: son directamente echados los ejecutivos que autorizan abastecer a compañías sospechadas. Por eso, la posición de Axion, YPF y Shell fue inflexible.
La situación fue informada de inmediato a las autoridades de Ezeiza y el Gobierno se enteró ese martes al instante.
Pero tardó cuatro jornadas en reaccionar: sólo lo hizo cuando Montevideo y Asunción rechazaron al avión. Se trata –nada menos- de una ventana de cuatro días, durante los que nadie sabe qué sucedió y qué transportaba el avión. La Embajada de Israel dijo este jueves que la aeronave se dedica a contrabandear armas.
La cuestión abrió una pelea feroz en el Gobierno. Primero, le tiraron a Wado de Pedro. También a Santiago Cafiero y en la picota estuvieron Agustín Rossi, Alexis Guerrera y Aníbal Fernández. Todos quedaron tocados. La cuestión expone un punto central: la pésima gestión y la vocación oficial de ir siempre atrás de los acontecimientos.
La cuestión también se reflejó en un grave episodio que sucedió en el mercado de bonos. Se confirmó que fue un organismo del Estado el que inició la corrida contra los bonos y, después, una cambiaria. El Fondo Carlos Pellegrini del Banco Nación recibió la orden de vender bonos CER por $ 10.000 millones. Se trata del Fondo desde donde operan las empresas y organismos del sector público.
Ocurrió hace diez días, al inicio de la corrida, y generó todo tipo de incertidumbre. En el mercado sospecharon primero de la ANSeS. No fue así. En el BCRA confirman que fue Enarsa –ex-IEASA-, manejada por La Cámpora.
Agustín Gerez habría dado la orden –sin consultar a nadie– para hacerse de pesos, adquirir dólares y comprar barcos de energía.
El mercado explotó: vio una conspiración en marcha contra Martín Guzmán. Salieron todos atrás, a vender títulos, y la insólita des-coordinación oficial le metió bomba a los mercados. El jefe del BCRA hizo lo suyo: Miguel Pesce reaccionó 36 horas después y ya todo se había ido al demonio. La cuestión deshilachó la acusación contra Hernán Lacunza. En la Casa Rosada decían que el economista se había reunido con inversores y dicho que la deuda era impagable.
Lacunza reaccionó rápido y encaró por teléfono a Guzmán. Le dijo: “Hace 15 días estoy de vacaciones. No me reuní con nadie. Háganse cargo de sus errores”.
Cristina está obsesionada contra el BCRA. En Tecnópolis hizo una crítica y dura alusión a Pesce: fue cuando afirmó que había un colador de billetes en el BCRA. En privado es más dura: “Es un boludo al que se les escapan los dólares”. La vice dice que Pesce no controla y que los privados hacen lo que quieren. Su visión conspirativa le impide ver una realidad: en la historia económica argentina, la monumental brecha cambiaria siempre fue un incentivo a la ilegalidad, como importaciones que se abultan e inventan y exportaciones que se sub cotizan.
La brecha ocurre por la incertidumbre política y económica de la cual Cristina y Alberto son los únicos responsables. Máximo le agrega sus irresponsabilidad y Axel Kicillof sus perimidas visiones.
También, la oposición no contribuye en nada: la insólita pelea de poder y la falta de propuestas hacen dudar a todos. Mauricio Macri azuza a sus socios con Javier Milei. Pero en la última conversación, el líder de los libertarios ninguneó al ex presidente: lo invitó a dirimir la candidatura presidencial, pero dentro del espacio Libertad Avanza.
Cristina está pidiendo informes sobre el mercado cambiario. Exigió los registros secretos del BCRA para tener un detalle empresa por empresa de cuánto y para qué compran dólares oficiales. Lo dice a los gritos: “Quiero un detalle discriminado”.
La vice presume que hay un complot de poderosos y pide mano dura. Por eso tiene en la mira a Pesce. El epicentro de la desconfianza es un dato concreto: el BCRA no puede acumular reservas. El miércoles vendió US$ 140 millones y el jueves, US$ 200 millones.
Buena parte es fruto de la pésima política energética del equipo del Instituto Patria. La denuncia de Matías Kulfas abrió una Caja de Pandora. El trío de David Martínez, Federico Basualdo y Agustín Gerez está en la picota porque son una máquina de coleccionar fracasos. Su política de subsidios dislocó a todos: benefició a ricos y subsidió el consumo de gasoil en todos los países limítrofes.
El trío –fogoneado por Máximo- se opuso siempre tenazmente a permitir el uso de biodiésel para suplir la falta de combustible. Esa medida la pidieron en octubre los estacioneros y en febrero las compañías cerealeras y el campo. La Cámpora se oponía y dicen que era para preservar un negocio doméstico: un semestre después, tarde y mal, tuvieron que recurrir de urgencia como una tabla de salvación.
También hicieron lo imposible para retrasar la construcción del gasoducto –palos en la rueda desde 2019- y la vice los ayudó con la denuncia contra Techint. Este jueves, el juez Daniel Rafecas tranquilizó las cosas. Ese episodio llegó a un lapsus grotesco: la vice, Kulfas y el equipo de Energía confundieron el espesor que requiere el acero con el diámetro que tendrán los tubos.
Alberto Fernández volvió de EE.UU. y se encontró con este panorama desolador: escándalo en Ezeiza, corrida en los mercados y desabastecimiento de combustible. El domingo hubo una reunión clave en Olivos. Acordó con Guzmán las medidas anunciadas este jueves: un Presupuesto que ratifica el compromiso fiscal con el FMI y tarifazo. Dicen que es para enfrentar la incertidumbre. Alberto rechazó –por ahora– la idea de hacer un replanteo global. Lo habló con Sergio Massa en EE.UU.
La propuesta había surgido de un encuentro secreto entre el Presidente y Roberto Lavagna. El ex ministro tiene un diagnóstico preciso. Para Lavagna el actual dislate económico tiene un origen claro: la falta de credibilidad en la dupla Alberto-Cristina.
Fuente: Clarín
