El legislador Juan Martín, de Juntos por el Cambio, quiere conocer qué rol jugaron el Tribunal de Cuentas y el fiscal Fabián Gatti.
La compra de un avión para vuelos sanitarios y para traslados de autoridades demandará mayores explicaciones al gobierno de Río Negro. La oposición avanzó con presentaciones ante los órganos de control, mientras se redacta una denuncia penal, que se formalizaría en las próximas horas.
La primera acción fue emprendida por el bloque de Juntos por el Cambio, que ya había presentado un pedido de informes a la Secretaría General y además impulsó un proyecto de ley para que se transparenten todos los movimientos de la aeronave adquirida a una empresa de Estados Unidos.
El camino judicial fue definido por el Frente de Todos, dando crédito a los datos que surgieron días atrás en informes periodísticos, planteando la posibilidad de que la operación por el Cessna Citation V Ultra incluya un importante sobreprecio.
El costo final de ese avión usado fue fijado en 4.234.990 dólares y desde el gobierno provincial sólo deslizaron hasta el momento que ese monto no sólo corresponde al valor del avión, sino que también se pactaron diferentes servicios adicionales, necesarios para cumplir con los traslados sanitarios
Con respecto a las acciones legislativas, Juan Martín (Juntos por el Cambio) hizo ayer una presentación en el Tribunal de Cuentas y esta mañana llevará un escrito a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), para conocer qué rol cumplió ese organismo de control en el proceso de licitación.
“¿Qué actuaciones ha llevado a cabo en cumplimiento de las facultades establecidas en el artículo 9 de la Ley 2.394?”, pregunta en primer lugar el parlamentario al titular de la FIA, Fabián Gatti.
Esa parte de la norma aludida es la que otorga al organismo facultades especiales para disponer exámenes periciales, solicitar informes, documentos, antecedentes, requerir informes a organismos públicos y personas físicas o jurídicas, practicar allanamientos en lugares públicos y/o privados, Interceptar correspondencia y examinar libros de contabilidad, entre otras acciones.
En segunda instancia, desde Juntos por el Cambio consulta al exlegislador Gatti si considera que corresponde la intervención en el caso, en virtud de lo expresado por el artículo 7 de la mencionada ley, que fija las funciones que corresponden a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La nota que ingresó ayer al Tribunal de Cuentas es de similar tenor. Allí se pregunta al presidente de ese órgano, Maximiliano Suárez, qué actuaciones ha llevado en cumplimiento de las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley 2.747, en especial las relacionadas con el apartado que habilita a realizar auditorías.
“¿Considera que corresponde la intervención del Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo del Estado, en virtud de su competencia y funciones de acuerdo con lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 11° de la Ley K N° 2747?”, concluye el legislador Martín.
Fuente: Rio Negro
