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Río Negro: Aval para el nuevo fuero Contencioso Administrativo


Avanza en el Parlamento la creación del fuero Contencioso Administrativo. Ayer, el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián, expuso algunos detalles sobre el proyecto de ley la comisión de Asuntos Constitucionales, que aprobó la propuesta con una cláusula transitoria que le otorga, temporalmente, la competencia en apelación a las actuales Cámaras Civiles.

El proyecto de iniciativa legislativa fue elaborado por el STJ y había sido enviado en marzo a la Legislatura. Contiene una propuesta para la puesta en marcha gradual que comenzará en Viedma con la creación de una Cámara Provincial Contencioso Administrativa y un Juzgado de primera instancia.

Durante esa primera etapa, los Juzgados y Cámaras Civiles del resto de las circunscripciones mantendrán la competencia como hasta ahora. En un segundo momento se implementarán tres Juzgados Contenciosos Administrativos de primera instancia para Roca, Bariloche y Cipolletti.

El juez explicó en la comisión de Asuntos Constitucionales el fuero Contencioso Administrativo está previsto en la Constitución provincial desde el año 1.988 aunque la competencia fue asumida durante todo este tiempo por los Juzgados y Cámaras Civiles. Sin embargo, la ley establece que todos los conflictos en los que el Estado es parte deben tramitarse por carriles específicos por la “fuerte presencia del interés público”.

El vocal del STJ sostuvo que las estadísticas aportadas por el Centro de Planificación Estratégica justifican la aplicación de una modalidad gradual, puesto que Viedma absorbe la mayor parte de las demandas.

A nivel provincial, el Estado está presente en casi la mitad de los expedientes civiles tramitados durante los últimos cinco años. Es decir ese porcentaje – que varía entre un 40% y un 55% según el reporte estadístico – son causas que irían al fuero contencioso administrativo.

En 2019, por ejemplo, se registró un 40% de causas. La proyección mantuvo la misma tendencia en los años anteriores: en 2015 el Estado intervino en el 43% de los expedientes, en 2016 en un 48% y en 2017 y 2018 en un 55%.

El Código Procesal Administrativo fue sancionado en 2016 y allí se estableció un plazo máximo de cinco años para la puesta en funcionamiento del fuero especial administrativo. El proyecto del código procesal también fue iniciativa del Poder Judicial.

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