Operativo en 15 villas porteñas: preocupación de curas por el despliegue de 1.500 agentes
La Ciudad realizó el operativo “Tormenta Negra” con controles, detenciones e inspecciones simultáneas. Sacerdotes de villas y barrios populares cuestionaron la magnitud del despliegue y pidieron que las políticas de orden contemplen la realidad social de los barrios.
Un megaoperativo de seguridad realizado simultáneamente en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires generó preocupación entre sacerdotes que trabajan en esos territorios.
Bajo el nombre “Tormenta Negra”, el Gobierno porteño desplegó más de 1.500 policías y agentes de control. El procedimiento incluyó controles de personas y vehículos, inspecciones comerciales, remoción de autos abandonados, basura y chatarra, además de clausuras.
El Gobierno de Jorge Macri sostuvo que el objetivo fue reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público. El operativo alcanzó, entre otros sectores, a las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
El planteo de los curas villeros
Desde sectores de la Iglesia señalaron especialmente que el despliegue ocurrió dos días después de la misa contra la trata y la exclusión realizada en Plaza Constitución, donde sacerdotes de villas y barrios populares habían expuesto distintas problemáticas sociales.
Los religiosos aclararon que los vecinos están de acuerdo con el cumplimiento de la ley y el orden, pero plantearon que las políticas públicas también deben considerar las condiciones particulares de estos barrios.
Entre los problemas mencionaron la precarización laboral, la falta de empleo, el endeudamiento familiar, las condiciones de las viviendas y el peso de la economía popular e informal.
También reclamaron mayor comunicación con los vecinos y señalaron que centros de salud, escuelas, comedores, capillas y organizaciones territoriales podrían participar de ese proceso.
Seguridad y situación social
La discusión expone dos enfoques sobre una misma intervención. Mientras la administración porteña presenta el operativo como parte de su política de seguridad y recuperación del espacio público, los sacerdotes reclaman que esas medidas contemplen también las condiciones sociales y urbanas de los barrios.
RESUMEN FINAL
Más de 1.500 policías y agentes participaron de un operativo simultáneo en 15 villas y barrios populares de Buenos Aires. El Gobierno porteño lo enmarcó en su política de seguridad y ordenamiento urbano, mientras curas que trabajan en esos territorios expresaron preocupación por la magnitud del despliegue y reclamaron mayor diálogo y atención a las necesidades sociales.
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