Raúl Edgardo Castillo Villablanca fue sentenciado por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.
Una Investigación que Inició en 2012
Un proceso judicial que comenzó en 2012 y buscaba esclarecer la explotación sexual de varias mujeres en un prostíbulo de Plaza Huincul concluyó recientemente con la condena a prisión efectiva de Raúl Edgardo Castillo Villablanca, de 53 años. La investigación, que atravesó numerosas instancias judiciales, implicó inicialmente una acusación de trata de personas, pero finalmente se determinó la culpabilidad del acusado por explotación económica de la prostitución ajena.
Detalles del Caso
El caso se centró en el prostíbulo conocido como “Anfitrión,” donde Villablanca explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución de al menos nueve mujeres entre julio de 2012 y abril de 2013. En un juicio llevado a cabo en 2019, Villablanca fue inicialmente condenado a 4 años de prisión por “explotación económica de la prostitución ajena” y por regentear una casa de tolerancia.
El comerciante conocido como “Manolo” fue también imputado como partícipe necesario y recibió una pena en suspenso.
Cambios y Apelaciones
La sentencia de 2019 no quedó firme debido a las apelaciones tanto de la fiscalía como de la defensa. La parte acusadora presentó recursos que llevaron a un análisis detallado de las pruebas, destacando que el local “Anfitrión” operaba como una casa de tolerancia donde las mujeres ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero.
En 2020, la defensa presentó una queja ante la Corte Suprema, lo que hizo que el caso volviera al Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF). Finalmente, se llegó a un acuerdo de juicio abreviado.
Sentencia Final
En el marco del juicio abreviado, Villablanca fue condenado a 5 años de cárcel por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. El hombre considerado partícipe recibió una pena condicional de 2 años y medio.
Implicaciones
Este caso resalta la complejidad y el largo camino de las investigaciones judiciales en delitos de explotación sexual y trata de personas, y subraya la importancia de la justicia en la protección de los derechos de las víctimas en situaciones de vulnerabilidad.
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