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Mundo: La dictadura cubana aprobó la ley de comunicación social que recrudece la censura y desconoce

Los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre ellos el ex presidente Raúl Castro, pasaron el proyecto sin hacer modificaciones al documento

El Parlamento cubano aprobó este jueves por unanimidad la ley de comunicación social, una norma que regula los contenidos de los medios en la isla y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, unicameral), entre ellos el ex presidente Raúl Castro (2008-2018), pasaron el proyecto sin hacer modificaciones al documento.


El dictador insular, Miguel Díaz-Canel, aseguró desde la sede legislativa que la ley es un “primer paso” para regular “el sistema comunicacional” del país y reconoció el enfoque “regulatorio” de la norma.

Se trata de la primera legislación mediática en la isla. Esta ha sido duramente criticada por ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censura los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales independientes.

Sin mencionarlos directamente, Díaz-Canel se refirió a la importancia de la ley en un contexto de “intensa guerra mediática” contra Cuba.

En el texto aprobado se prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan “desestabilizar el Estado socialista” tanto en los medios como en “el ciberespacio”.


De igual forma se subraya que solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en el país).

Aunque, según han argumentado sus defensores, además de los estatales también se pueden constituir medios que pertenezcan a “organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales”, según se lee en el documento.

Desde el régimen se defiende la importancia de esta norma y se destacan novedades con respecto a versiones previas del documento -hubo otras 33- como la financiación de los medios a través de la publicidad.

En un artículo publicado el miércoles, el medio oficialista Cubadebate agregó que para distintos expertos consultados por el Parlamento, la ley de comunicación también es “una ley de seguridad nacional” y recordaron que “(el) 80 % de las comunidades digitales hoy están en plataformas norteamericanas”, en referencia a redes sociales como Facebook y Twitter.

Sobre este punto, Díaz-Canel agregó que el “nivel de concentración” de esas plataformas “que no son de propiedad pública” son “cada vez menos” democráticas y que, por tanto, la norma tiene un “enfoque preventivo ante la subversión”.

La Constitución cubana señala que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.

“No reconoce a los independientes”

En ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de ellos surgidos durante el llamado “deshielo” -el acercamiento entre EEUU y Cuba de 2014 a 2017- y que, en su mayoría, han dejado el país en los últimos años tras presiones de la Seguridad del Estado.

Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado”, dijo en entrevista con EFE Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.

Esta crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba: “No les reconoce su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado”, subraya a EFE.

Tanto Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde el extranjero.

De acuerdo con el proyecto, además de los estatales, se pueden constituir medios que pertenezcan a “organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales”, lo que a juicio de expertos independientes no garantiza diversidad de voces porque la inmensa mayoría están controladas o en la órbita del PCC.


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