La Corte Suprema analiza restablecer las restricciones a la venta de tierras a extranjeros en Argentina
El máximo tribunal fue convocado a una reunión extraordinaria para resolver un nuevo planteo judicial. Una medida cautelar podría devolverle vigencia a la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne este viernes 9 de octubre para analizar un pedido que podría restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros en Argentina.
La convocatoria extraordinaria fue realizada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, después de que organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y una legisladora rionegrina presentaran un nuevo planteo judicial.
La decisión adquiere especial relevancia porque podría modificar los efectos de un fallo que la propia Corte dictó la semana pasada y que dejó sin efecto una sentencia favorable a la vigencia de la Ley de Tierras.
Qué establece la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la propiedad y adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones, fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, además de otras restricciones específicas.
Sin embargo, el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, dispuso su derogación.
La medida fue cuestionada judicialmente por distintos sectores que consideran que la eliminación de esos límites podría afectar intereses vinculados con el ambiente, la soberanía y los territorios de comunidades indígenas.
Por qué interviene nuevamente la Corte
La semana pasada, el máximo tribunal revocó una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la ley.
En aquella oportunidad, los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no contaba con legitimación suficiente para promover esa acción judicial.
Ahora, la asociación ambientalista Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon y la legisladora Magdalena Odarda solicitaron que se aclare si aquella decisión también alcanza a su propio reclamo.
Los demandantes sostienen que su presentación se fundamenta en derechos ambientales y territoriales diferentes de los invocados por los excombatientes.
Si la Corte admite el planteo y concede una medida cautelar, las restricciones podrían volver a aplicarse mientras continúa la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la derogación.
Una reunión extraordinaria con cinco magistrados
Del análisis participan los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
La incorporación de estos últimos responde a la falta de acuerdo entre los tres integrantes titulares de la Corte sobre cómo avanzar con el expediente.
Según trascendió, el proyecto de resolución ya había pasado durante la mañana por el área de revisión técnica del tribunal.
Entre las alternativas se encuentra devolver el expediente a una instancia inferior o disponer directamente una medida cautelar, una decisión que sería excepcional.
El impacto político de la decisión
El caso también tiene consecuencias en el Congreso.
Después del fallo anterior, sectores opositores comenzaron a impulsar una iniciativa para rechazar el DNU 70/2023 en su totalidad.
Una nueva resolución judicial que restablezca provisoriamente las restricciones podría modificar el escenario político, aunque no resolvería definitivamente la controversia constitucional.
La decisión de la Corte será determinante para establecer qué régimen se aplica a la compra de tierras rurales por extranjeros mientras avanza el proceso judicial.
RESUMEN FINAL
La Corte Suprema se reúne de manera extraordinaria este viernes 9 de octubre para analizar un pedido de medida cautelar que podría restablecer la Ley de Tierras. La norma, derogada por el DNU 70/2023, limitaba la adquisición de campos por extranjeros. El planteo fue presentado por organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y la legisladora Magdalena Odarda. Al momento del informe, la decisión todavía estaba pendiente.
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