Juicio millonario y venta de colectivos: la fuerte jugada de Patagonia Argentina contra el municipio de Comodoro

La histórica concesionaria comodorense convocó a sus socios para autorizar demandas por daños y perjuicios a raíz de la última licitación. La maniobra reactiva las advertencias lanzadas a fines del año pasado y anticipa como medida extrema la habilitación legal para vender todos los colectivos y galpones de la empresa.

La tensión por el control del transporte público en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo revés legal que amenaza con transformar el escenario de la ciudad en un complejo laberinto judicial. A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, la empresa Patagonia Argentina S.R.L. formalizó un llamado a asamblea extraordinaria para definir su estrategia de choque frente a la comuna.

La gerencia general de la prestataria fijó el encuentro para el próximo 22 de septiembre en su histórica sede social de la Avenida Congreso. En esa mesa el orden del día someterá a votación el otorgamiento de facultades legales para iniciar acciones orientadas a reclamar daños y perjuicios contra la Municipalidad local por los conflictos derivados de la Licitación Pública 1/2025.

Una escalada preanunciada con nombres propios

Esta embestida corporativa retoma las duras advertencias que la compañía había puesto sobre la mesa a fines de noviembre del año pasado, cuando el vínculo con el Ejecutivo quedó al borde de la ruptura definitiva. En aquel momento la firma intimó por escrito al intendente Othar Macharashvili y a su gabinete para acusarlos formalmente de incumplir con sus deberes de funcionarios públicos al dejar la concesión irresoluta.

La estrategia actual de la concesionaria no apunta de manera exclusiva a vaciar las arcas del Estado, ya que el documento oficial anticipa que la futura demanda buscará alcanzar también a las personas físicas y jurídicas vinculadas a los hechos. El apoderado de la empresa, José María Ferreyra de las Casas, ya había adelantado esta jugada meses atrás al reclamar que las autoridades dilapidaron el tiempo previsto para adjudicar el servicio. Bajo ese argumento el abogado remarcó que exigirían responsabilidad individual y patrimonial a cada secretario municipal amparándose en el artículo 69 de la Constitución Provincial.

De este modo la prestataria avanza con la judicialización total del conflicto y cumple con la promesa de reclamar resarcimientos considerables a título personal contra quienes intervinieron en el fracaso administrativo del proceso licitatorio.

El fantasma del desguace operativo

A la par de la artillería pesada en los tribunales, el temario redactado por la conducción prepara el terreno para un escenario de reestructuración extrema que hace temblar la continuidad del sistema de pasajeros. Uno de los puntos centrales exige autorización expresa para otorgar poderes especiales amparados en el Código Civil y Comercial que permitan la realización de los activos físicos de la compañía.

Esta figura técnica y contable habilita en la práctica la liquidación o venta de las unidades vehiculares, los galpones y todo el equipamiento logístico. En el texto legal que lleva la firma del gerente Atilio Antonio Rossi queda plasmada la decisión innegociable de resguardar los derechos litigiosos que ya se encuentran bajo la órbita de la Justicia.

Al solicitar este blindaje para su capital societario, la prestataria transfiere la presión financiera más dura hacia los despachos del gobierno local y deja la puerta abierta a un desguace operativo total. Si el conflicto no encuentra una salida política inmediata, la empresa allana el camino jurídico para concretar un retiro definitivo de las calles y rematar toda su estructura.

FUENTE: ADNSUR