El régimen de Nicolás Maduro impulsa una norma contra “el fascismo” que prohíbe todo tipo de reuniones y manifestaciones contra el gobierno.
A menos de cuatro meses de las elecciones nacionales, el régimen de Nicolás Maduro endurece su política contra cualquier reacción crítica. En ese camino, el Congreso, a instancia del gobierno, aprobó una insólita ley que “prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país”.
Lo más grave es que la norma castiga con cárcel todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno y prohíbe partidos políticos y agrupaciones que el régimen considere “neoliberal” o “fascista”.
Los analistas señalan que esta ley abre un camino para la ilegalización de partidos políticos opositores, a los que Maduro siempre tilda de fascistas. Es muy similar a la línea marcada en ese sentido por Nicaragua y Rusia.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue la que presentó el proyecto el martes pasado, a instancia del Ejecutivo, y el Parlamento ya dio su primera aprobación. Sólo falta un segundo debate, que se haría en estos días.
Cómo es la norma
De acuerdo a la presentación realizada en la Asamblea Nacional, la ley cuenta con 30 artículos y señala que tiene por objeto “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”.
En esa línea, aclara, la norma busca “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”.
Uno de sus artículos más polémicos y llamativos es el que intenta desterrar cualquier idea vinculada al liberalismo económico. “Se prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país”, reza, anticipando que habrá vigilancia para que no se toque el tema en universidades o centros políticos.
También se propone la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del gobierno. Como los medios independientes prácticamente desaparecieron de Venezuela por la persecución política, la población suele utilizar las redes sociales para informarse.
Para los pocos medios que quedan en el país, sean tanto impresos como digitales, hay una advertencia. Se les aplicará severas multas si difunden “mensajes prohibidos”.
En el caso de la televisión y la radio, la sanción establecida es la revocatoria de la concesión para operar, como ya se ha hecho con más de 300 emisoras en las últimas dos décadas.
La norma prohíbe, además, todo tipo de reuniones y manifestaciones que el gobierno defina como “fascistas”. Lo mismo con las agrupaciones, entidades y partidos políticos que el régimen considere en esa línea de pensamiento.
Para determinar quién es o no fascista, el gobierno creará una alta comisión contra el “fascismo”, dirigida por militantes chavistas. Ellos se encargarán de juzgar a la sociedad civil.
Como corolario, la norma estipula que toda persona que incumpla alguno de los 30 artículos propuestos por el régimen, tendrá una pena de seis a doce años de prisión.
Desarmar a la oposición
Las elecciones nacionales serán el 28 de julio próximo, pero los principales dirigentes opositores con chances, como María Corina Machado, fueron proscripto o expulsados del país.
La norma viene a cerrar el círculo, evitando cualquier reacción crítica hacia el régimen, y cualquier expresión popular a través de marchas o manifestaciones.
El artículo 22, por ejemplo, expresa que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena”.
Es un agravante si las autoridades, teniendo en cuenta la nueva ley, consideran que los manifestantes demuestran ideología “fascista” o están motivados por expresiones de ese tipo.
En cuanto a los “mensajes prohibidos”, la norma los describe como aquellos que promueven “la violencia como método de acción política”, “reproduzcan la cultura del odio”, “denigren de la democracia y sus instituciones”, “promuevan la suspensión de derechos y garantías” y “exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo”.
Obviamente, será el Ministerio Público quien determine qué mensajes y actos pueden ser interpretados dentro de ese difuso marco de prohibiciones.
La advertencia del régimen
La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que esta ley es complementaria a la ley de partidos políticos, por lo que no hay dudas de que estas organizaciones serán el primer blanco de la legislación.
También sostuvo que esta legislación complementa la ley contra el odio, aprobada en 2017 y bajo la cual se ha encarcelado a personas por tuitear, compartir mensajes por WhatsApp o difundir videos con denuncias o bromas contra el gobierno que se han hecho virales.
Para que quede claro, Rodríguez incluso comparó ante el Congreso las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 –en las que murieron más de un centenar de manifestantes por la represión de los cuerpos de seguridad– con los grupos de apoyo de Adolf Hitler. El camino está marcado.
