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🕊️ Histórico: Uruguay aprobó la ley de eutanasia

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    NQP/NOTICIAS
  • hace 10 horas
  • 2 Min. de lectura

El Senado uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia y busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. Es el primer país de América Latina en reconocer este derecho por ley.


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Una votación que marcó un antes y un después


Tras más de diez horas de debate, el Parlamento uruguayo aprobó este miércoles la Ley de Eutanasia y Muerte Digna, un proyecto que había sido impulsado por el oficialismo del Frente Amplio y acompañado por sectores de la oposición, entre ellos legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional.


La norma despenaliza la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que atraviesen una enfermedad incurable, irreversible o generadora de sufrimientos insoportables.

“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, establece el texto aprobado.

Qué dice la nueva ley


El objetivo de la norma es garantizar el derecho a morir con dignidad, respetando la voluntad de quienes, en pleno uso de sus facultades, elijan poner fin a su vida bajo estrictos criterios médicos y legales.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación. Luego, en un período no mayor a 90 días, se conformará la Comisión Honoraria de Revisión, que fiscalizará los procedimientos realizados bajo este marco legal.

Esa comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.


Un precedente regional


Con esta aprobación, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, sumándose a un reducido grupo de naciones del mundo que reconocen el derecho a decidir sobre el final de la vida en circunstancias extremas.

La decisión fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y colectivos médicos, que destacaron la madurez del debate y el consenso alcanzado entre distintas fuerzas políticas.


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