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Formulan cargos a policía de Neuquén por defraudación de más de $6 millones

Acusaron al oficial principal de la policía de Neuquén, Ángel Emilio Madaschi, por defraudar los intereses de la administración pública mientras prestaba funciones en la División Contrataciones de la Dirección de Administración de la Policía Provincial.

En una audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso Marcelo Jara acusó al oficial principal de la policía de Neuquén, Ángel Emilio Madaschi, por defraudar los intereses de la administración pública provincial entre enero de 2018 y julio de 2019. Las maniobras del imputado ocurrieron mientras prestaba funciones en la División Contrataciones de la Dirección de Administración de la Policía Provincial.

El delito que el fiscal del caso le atribuyó fue defraudación doblemente agravada, por ser en perjuicio de la administración pública y por tratarse de un funcionario público, reiterada en 35 hechos que concursan realmente entre sí y en carácter de autor (artículos 173 inciso quinto, 45 y 56 del Código Penal).

La teoría del caso que describió el representante de la fiscalía ante la jueza de garantías fue que, entre enero de 2018 y julio de 2019, Madaschi defraudó los intereses de la administración pública provincial en aproximadamente 6.073.827 de pesos. Lo hizo mediante compras directas, al generar una serie de maniobras que permitieron beneficiar a terceros y ocasionar el daño a la administración pública provincial.

Las defraudaciones se concretaron cuando el oficial revestía funciones en la División Contrataciones de la Dirección de Administración de la Policía Provincial, donde desarrollaba tareas administrativas destinadas a la gestión de los trámites para concretar la adquisición de diversos elementos. A través del sistema SA.FI.PRO (Sistema de Administración Financiera Provincial) y mediante el procedimiento de compras directas, el efectivo generó las maniobras necesarias para desviar los fondos.

A través de un relevamiento realizado en el ámbito donde cumplía funciones, se detectó que exclusivamente en un grupo de expedientes que estaban a su cargo se generó una maniobra que permitía formalmente cumplir las normativas vigentes en cuanto al mínimo de oferentes requeridos para una compra directa. El imputado modificó intencionalmente las direcciones de mail de los posibles oferentes, lo que implicó que si bien el correo se enviaba (cumpliendo los requisitos formales), nunca llegaba al destinatario y en consecuencia este nunca podía realizar efectivamente su oferta.

Durante el periodo mencionado fueron detectados 35 expedientes en los cuales se produjeron las irregularidades mencionadas y que corresponden a compras de repuestos de automotor, electrodomésticos, alimentos, artículos de librería y elementos de seguridad e higiene, entre otros. Siempre existieron dos únicos beneficiados.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó en la audiencia efectuada el pasado miércoles por la tarde, que la causa sea declarada compleja por entender que son 35 expedientes en principio y que surge que de las evidencias recolectadas el número podría aumentar. “Tenemos que analizar el vínculo entre las dos partes, el monto del perjuicio exacto en la administración pública y el grado de participación de las otras personas”, describió en la audiencia.

La jueza de garantías encargada de dirigir audiencia avaló el requerimiento del fiscal del caso y dio por formulados los cargos en los términos requeridos. Además, la magistrada declaró la causa como compleja, por lo que la fiscalía contará con más plazo para realizar la investigación.

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