💰 Fondos públicos para resolver un conflicto privado: polémica por el caso ex Alpesca

El conflicto laboral en la planta pesquera ex Alpesca, actualmente operada por Red Chamber Argentina, cerró parcialmente, pero dejó un fuerte debate abierto en Chubut: el uso de recursos provinciales para financiar indemnizaciones en un conflicto entre privados.

La empresa había decidido no reincorporar —o reincorporar bajo modalidad eventual— a unos 70-78 trabajadores provenientes de la antigua firma. La medida generó protestas, tomas y reclamos gremiales encabezados por el STIA.

Sin embargo, la resolución final no fue afrontada por la compañía, sino por el Estado provincial.

📌 La decisión que generó controversia

De los trabajadores afectados:

• Cerca de 40 fueron reincorporados.

• Alrededor de 45 aceptaron un esquema de extinción laboral.

Las indemnizaciones fueron cubiertas con fondos públicos, en una decisión impulsada por el gobierno provincial encabezado por Ignacio Torres.

Además, previamente se habían otorgado subsidios que superaron los 100 millones de pesos para contener la situación social, incluyendo pagos individuales en enero.

El planteo crítico que surge es claro: si el conflicto era estrictamente entre una empresa privada y sus empleados, ¿por qué el costo final fue absorbido por el Estado?

⚖️ Debate político y social

Desde sectores gremiales y políticos cuestionaron que la provincia haya asumido el costo económico de una decisión empresarial. La consigna que circuló durante el conflicto fue directa: “La empresa despide, la provincia paga”.

Quienes respaldan la intervención sostienen que el gobierno actuó para evitar una escalada social mayor y proteger a las familias afectadas en un contexto económico delicado.

Quienes critican la medida advierten sobre el precedente que se genera cuando el Estado financia indemnizaciones privadas y señalan que eso podría trasladar riesgos empresariales al erario público.

🏭 La actividad continúa

Mientras tanto, la planta sigue operativa y existen proyectos de expansión en la región. El conflicto gremial se desactivó tras el acuerdo, aunque el debate por la utilización de recursos públicos permanece.