La organización liderada por “Marcos” tambalea y cada paso en falso es una nueva oportunidad para otras organizaciones narcocriminales, que esperan ponerle fin a la hegemonía que domina el barrio desde hace veinte años.
Las bandas vinculadas al narcotráfico que operan en el interior del barrio porteño “Padre Rodolfo Ricciardelli”, más conocido como villa 1-11-14, lo hacen desde al menos dos décadas. Poco a poco, los principales líderes históricos de uno de los territorios más calientes de la Argentina van cayendo en prisión y a la organización le está costando mantenerse de pie.
Se trata del clan Estrada Gonzáles, una descendencia familiar comandada por el viejo y conocido “Marcos”. El jefe narco más importante, al que en su momento se lo identificaba como el “Pablo Escobar peruano” y que operaba en la Ciudad de Buenos Aires, fue deportado y condenado a 18 años de prisión junto a otras 36 personas que trabajaban para él. En los próximos meses se espera que el resto de la organización también sea enjuiciada.
El hombre más buscado del país manejaba el negocio de la venta de cocaína y marihuana casi por control remoto. Es que, desde Perú, movía los hilos para mantener viva la banda. Tras la condena en 2020, bajo su responsabilidad había quedado su sobrino John Paul Revilla Estrada, conocido como “El Burro”. Sin embargo, fue apresado en Lima por efectivos de la Policía Federal el pasado 18 de marzo.
El hombre tenía pedido de captura desde el 30 de marzo del 2022 en Argentina, pero caminaba tranquilo por Perú, ya que allí no tenía cargos en su contra. Lo que no sabía es que en los últimos días se emitió un alerta roja de Interpol solicitando su detención.
Todavía queda por capturar Fernando Estrada Gonzáles alias “Piti”, hermano de Marcos y primo de John, la última esperanza del clan para mantener el legado familiar. El segundo en la bandita criminal se encuentra prófugo de la Justicia, y hasta sospechan que podría estar impartiendo órdenes desde Perú, aunque nada se sabe de él.
Esta historia, que lleva más de 20 años, expone la falta de seguridad que tienen las fronteras argentinas. Es que el “Burro”, el último detenido, ya había sido deportado dos veces. La primera en 2017 y la última en 2021. Se sospecha de que habría reingresado al país por pasos fronterizos clandestinos, siempre con el objetivo de fortalecer el mando de su tío.
Caído otro líder peruano, la guerra territorial provocó varios homicidios y una división del dominio con figuras como Raúl Martín “Dumbo” Maylli Rivera, que se había unido al clan para continuar con el negocio, pero también fue arrestado el año pasado tras pasar casi un año y medio prófugo. Como dice el refrán: cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta.
Una muerte en la villa que podría estar vinculada con el narcotráfico
A pesar de los múltiples allanamientos, las detenciones y las condenas que deberían desgastarlos, las bandas narcos no se detienen, sino todo lo contrario. Siempre hay una nueva historia narco para contar.
Hace apenas dos días, un hombre de nacionalidad boliviana fue asesinado de al menos dos disparos en el Bajo Flores, y se investiga como principal hipótesis una disputa por el territorio donde operan los Gonzáles Estrada.
La víctima fue identificada como Alfredo Espinoza Pérez (43), alias “Rómulo” o “Mamucha”. Para la pesquisa, no era un desconocido dentro del barrio, sino que se lo emparentaba desde hacía tiempo con la facción que comanda desde Perú.
La sospecha de los investigadores es que una nueva banda quiso ingresar a vender drogas en el sector donde se hace fuerte la banda de Marcos, y allí fue asesinado. El ataque se cree que fue producto de una venganza, tras un intento de avanzar en el territorio y ponerle fin al clan.
El conocido “sector peruano”
El “sector peruano” de la villa 1-11-14 comprende desde la manzana 13 a la 24 y hay tres puntos de ventas clave. Uno de ellos está en “El Corralón”, ubicado en la calle 2 y la calle San Juan.
El relevamiento policial determinó que otro de los kioscos es conocido como “La Quema”, y está situado en la calle 2 y Oceanía, mientras que el restante está en Oceanía y Bolívar.
Sin embargo, tras ser identificados esos tres puntos de venta, los organizadores de la narcobanda se mudaron a otros sectores donde ahora comercializan los estupefacientes, siempre bajo un férreo operativo de seguridad que incluye a los denominados “soldaditos”, “satélites” y “chalecos” que realizan anillos de vigilancia para advertir la llegada de las fuerzas de seguridad.
Estos sectores están bajo la órbita de la Gendarmería. Pero los vecinos del barrio sostienen que la cocaína y la marihuana se mueve sin problemas y que la fuerza nacional no brinda seguridad alguna.
Intentan llevar a juicio al resto de la banda de narcotraficantes
Además de los cabecillas de la banda, la Justicia espera llevar a juicio a otras 16 personas acusadas de trabajar para los Gonzáles Estrada. El pedido fue formulado hace una semana por el fiscal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, ante el juez federal Ariel Lijo.
De acuerdo al requerimiento, todos ellos formaron parte de una asociación destinada a la introducción, almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes, en el interior y fuera del barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli”.
En la ex villa, los acusados también almacenaban armamento y municiones con el fin de mantener la hegemonía territorial de la zona donde operaban.
Según un intercambio de información entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, desde mayo de 2009 hasta el 20 de noviembre de 2022, la organización “concretó un total de 107 hechos ilícitos”.
Quiénes irán a juicio
Los investigadores determinaron que entre febrero y septiembre de 2021, luego de la condena a “Marcos” Estrada Gonzáles y parte de su banda, los narcos se reagruparon y quedaron bajo el mando de Johnny “Pantro” Ray, Arnao Quispe y Ulises “Pitufo” Godoy, quienes bajaban las directivas al resto de los miembros, supervisaban el negocio y recibían las ganancias.
“Lograron montar un andamiaje tal que les permitiera mantener la hegemonía territorial de un vasto sector de aquel asentamiento, controlando varios pasillos e inmuebles ubicados allí, empleando constantemente una cantidad de armas de fuego”, aseguraron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio.
Entre los acusados, en su mayoría detenidos en octubre de 2022, se encuentran Jorge Alfredo Recinas Rojas, alias Coca, quien sería uno de los encargados de la seguridad para ejercer el dominio de la villa; Mirta Vera Arévalo, conocida como Vero, cuyo domicilio se empleaba para acopiar drogas; Walter Abel Gerez Herrera, unos de los encargados de retirar el estupefaciente de esa vivienda y entregarlo a los vendedores; Alexander García González, apodado “Pontu”, que cumpliría el rol de encargado de los vendedores, y Arturo Waldemar “Waflera” Juárez, uno de los señalados encargados de la venta de marihuana.
También están imputados Víctor Raúl Auccapuri Quiroga, apodado “Viejo Verde”, uno de los jefes de seguridad, y Fernando Ariel Torres Benítez, alias “Tiki Tiki”, un reincidente de 27 años que manejaba la venta al narcomenudeo.
Los cargos que les imputan son los de ser coautores de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y coautores de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.
Fuente: TN
