✂️ El Gobierno elimina seis fondos fiduciarios por irregularidades

Entre ellos, se cerró el Fondo para Asistencia a Víctimas de Trata, generando polémica. Economía justificó la medida alegando mal uso de recursos y falta de controles.

Los fondos eliminados

Mediante el Decreto 1048/24, el Gobierno anunció la disolución de seis fondos fiduciarios tras detectar serias falencias en su funcionamiento, según una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La decisión incluye:

1. Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)

   • Problemas de morosidad: 58% de los deudores no abonaron cuotas.

   • Falta de manuales operativos y rendiciones de cuentas.

2. Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria

   • Recursos excedentes y bases de datos desactualizadas.

   • Incapacidad para identificar deudores confiables.

3. Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata

   • Incumplimientos en pagos y plazos para víctimas.

   • El Gobierno aseguró que las víctimas seguirán siendo asistidas a través del Ministerio de Justicia.

4. Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE)

   • No registró actividad desde su creación en 2020.

5. Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA)

   • Su financiamiento terminó en 2020, pero mantenía costos elevados y discrecionalidad en su administración.

Polémica por el Fondo para Víctimas de Trata

El cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata generó controversia. Creado para gestionar bienes decomisados en causas de trata y explotación, fue eliminado por múltiples falencias, como incumplimientos en los pagos a víctimas.

El Ejecutivo afirmó que los objetivos de la Ley 26.364 se mantendrán a través de partidas presupuestarias administradas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, organizaciones civiles cuestionaron la decisión, señalando la necesidad de fortalecer, no eliminar, mecanismos de asistencia.

El impacto de las medidas

Desde el Ministerio de Economía señalaron que estas disoluciones buscan garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Afirmaron que los fondos presentaban serias deficiencias operativas y desviaciones de sus objetivos iniciales.

Aunque justificaron las medidas como un paso hacia un manejo más eficiente, sectores críticos advierten sobre el impacto que podría tener la desaparición de algunos fondos, especialmente en áreas sensibles como la asistencia a víctimas de delitos.