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El gasto en planes aumentó por 500 desde que las organizaciones sociales distribuyen los recursos

En 2015, año en que Cristina Kirchner fue reemplazada por Mauricio Macri, los planes sociales representaban el 0,12% del Producto Bruto Interno; en la actualidad, llegan al 0,60%. Los piqueteros oficialistas se ubican en puestos claves en el Ministerio de Desarrollo Social

Al llegar a la Presidencia, Alberto Fernández delegó la administración de los planes a los movimientos sociales

Los planes sociales en la Argentina comenzaron a aumentar en el año 2009, pero se multiplicaron por 200 a partir de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y se quintuplicaro desde que Alberto Fernández delegó su manejo a los movimientos sociales. La curva en la actual administración no dejó de ascender, inclusive, después de la pandemia del nuevo coronavirus.


El plan Potenciar Trabajo -el mayor programa asistencial del Ministerio de Desarrollo Social- está en manos del secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El juez federal Ariel Lijo investiga supuestas irregularidades en ese programa, bajo la hipótesis de que intermediarios se quedarían con parte del dinero que el Estado destina a los más vulnerables. La Coalición Cívica denunció en la justicia presuntos desvío multimillonarios a cooperativas de organizaciones que integran el Frente de Todos.


“En Argentina, el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno”, se afirma en una puntillosa investigación realizada por la Fundación Éforo.


El trabajo técnico, basado en información oficial, destaca que el crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social “es menor que el número de personas beneficiadas”. Es decir que “una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias”. El Estado argentino gasta la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social.


Entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, los planes asistenciales no dejaron de caer. Su inversión llegó a ser menor al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. En la actualidad, los planes sociales trepan al 0,6% del PBI en manos de piqueteros oficialistas y de izquierda.


Además de la decisión política del primer gobierno kirchnerista de limitar el número de planes sociales y transformarlos en empleo, se debe tener en cuenta que el país salía de la crisis social y económica del 2001 que terminó con la presidencia del radical Fernando de la Rúa dos años antes.


El gobierno interino del peronista Eduardo Duhalde estabilizó la crítica situación que derivó en saqueos, protestas masivas en las calles, represión policial y muertes.


El ex gobernador de Santa Cruz aprovechó ese envión y el viento de cola que llegó del exterior con un precio récord en la tonelada de soja. Esto posibilitó el incremento del PBI, una baja de los niveles de desocupación, pobreza e indigencia.


Cristina Fernández de Kirchner, que venía manteniendo la cantidad de planes sociales, comenzó a aumentarlos a partir de la crisis económica generada entre 2008-2009 debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. En 2010 los duplicó. Treparon a poco más del 0,2% del PBI y bajaron al 0,12% al final de su segundo mandato, en diciembre de 2015. A partir de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, entre el 10 de diciembre 2015 y 10 de diciembre de 2019, los planes se aceleraron al ritmo de los reclamos que los entonces piqueteros opositores del Movimiento Evita, junto a los de izquierda del Polo Obrero.


En 2019, después de perder las elecciones presidenciales contra Alberto Fernández, la inversión en ayuda social trepó al 0,22% del PBI, es decir que el gobierno de Cambiemos duplicó los planes del kirchnerismo, a pesar de las críticas que durante la campaña electoral había realizado Macri.


El incremento de esta ayuda extraordinaria fue por presión de diversos movimientos sociales, como el Evita, Barrios de Pie, el MTE, el Polo Obrero e iba de la mano al ascenso de la perdida de empleos, pobreza e indigencia: Esta situación ya no se revirtió, al contrario, continuó en aumento.


En enero de 2017, Pérsico contó, sin rodeos, la táctica que utilizó para conseguir del gobierno macrista distintas reivindicaciones, buena parte de ellas cristalizadas en la ley de emergencia social, un acuerdo alcanzado después de decenas de manifestaciones realizadas al Ministerio de Desarrollo Social, conducido en ese momento por Carolina Stanley. “Se trata de golpear primero y, después, negociar”, dijo por entonces el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -junto a Juan Grabois- y el Movimiento Evita.


El referente de los movimientos sociales lo explicó así: “En el poder hay un gobierno de derecha que con sus políticas neoliberales genera mayor pobreza”. Admitió además que, pese a estar en las antípodas de su pensamiento, el macrismo le otorgó un reconocimiento institucional que no había conseguido con el kirchnerismo.


Desde el primer día de la gestión de Cambiemos, mantuvo las puertas del diálogo abiertas con Stanley a fuerza de piquetes y reclamos por más planes.


Pérsico, que había sido nombrado como secretario de Agricultura Familiar, estuvo a la cabeza de las negociaciones por el proyecto de la Ley de Emergencia Social, junto con los líderes de Barrios de Pie, como Daniel Menéndez, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete.


Esa fue la bisagra para que las organizaciones sociales, que ahora abrevan en el Frente de Todos, comenzaran a administrar la ayuda social a medida que los indicadores de pobreza e indigencia se descarriaban.


Esas tres organizaciones, el Evita, la CCC y Barrios de Pie, que después se hicieron llamar “Los Cayetanos”, tendrían a partir de ese 2017 un lugar destacado en el Consejo de la Economía Popular, organismo que compartirá con funcionarios de Desarrollo Social y Trabajo y que se encargaría de administrar los $ 30.000 millones destinados a financiar la emergencia.


La cercanía de Pérsico con el gobierno macrista, al que hoy defenestra desde la tribuna, llevó a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a afirmar el 24 de junio de 2022: “Hoy es de Alberto y hace dos años era de Macri”. Una semana antes Cristina Kirchner había criticado al presidente Fernández. “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, dijo.


El funcionario de Axel Kicillof afirmó que los piqueteros utilizaban un “sistema extorsivo, corrupto e ineficiente que tiene que ver con los planes sociales”. Para Berni, la asistencia social estatal se ha ido “desvirtuando a lo largo de los años” y hoy “todos hablan y opinan, pero no conocen la esencia, ni cómo abordar y desestructurar” los planes. “Todo se fue desvirtuando hasta convertirse en un negocio que nadie comprende”, sostuvo.


Alberto Fernández decidió compartir su gobierno con los piqueteros oficialistas. Los nombró en cargos claves de ministerios como Desarrollo Social, Infraestructura y Jefatura de Gabinete, entre otros.


Pérsico quedó a cargo de la Secretaría de Economía Social y, desde allí, este año maneja un presupuesto récord de casi 600 mil millones de pesos. Es él quien administra el Potenciar Trabajo.


Con Fernández, -pandemia mediante- los panes sociales pasaron del 0,3% del PBI durante el gobierno de Macri al actual 0,6%, es decir el doble, y más del 500% de incremento en comparación con el primer mandato de CFK.


Al presentar los resultados de su informe sobre deudas sociales en la Argentina, en diciembre pasado (en coincidencia con el último gasto social ejecutado), el director del Observatorio, Agustín Salvia, explicó que: “Todos los indicadores macro mostraron un retroceso desde el comienzo del segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner a fines del 2011: Producto Bruto Interno; PBI per cápita, creación de empleo registrado, poder adquisitivo y precarización del empleo, entre otros”.


El informe de la UCA destaca: “Hay un mayor porcentaje de población con trabajo formal que es pobre y hay más gente cubierta por planes sociales”. Este último dato, que el Gobierno reivindica como un logro, es en realidad la contracara del empeoramiento en las condiciones del mercado laboral, según se desprende de los datos de la UCA.


En 2011 la pobreza era del 31,8% y la indigencia del 5,7 por ciento. En 2019, al final del gobierno de Macri, estas tasas eran del 39,8 y el 8,4 por ciento, respectivamente; luego, con la pandemia y la larga cuarentena, subieron al 44,7 y 9,8 por ciento en 2020. El trabajo de la UCA destaca, como la investigación de la Fundación Éforo, los pésimos indicadores que se registran mientras el gasto social aumentó en relación con el PBI.


Las conclusiones de la Fundación Éforo son reveladoras y parecen remarcar el fracaso de la ayuda social desde que fueron “tercerizados”, en palabras de la vicepresidenta a las organizaciones sociales oficialistas. “Cada año hay que distribuir las transferencias entre más personas”, señala y refuerza: “Si bien se asignan cada vez más recursos públicos a la Seguridad Social, la necesidad de otorgar más beneficios afecta al valor monetario que estos representan en la vida cotidiana”.


La investigación explica:“Las políticas de Seguridad Social no están condicionadas estrictamente por los ciclos virtuosos de la economía, como tampoco por sus procesos de crisis. Vemos que tanto en momentos de expansión (2007-2011) como de contracción económica (2019-2020) existe una tendencia incremental y sostenida de la participación de las políticas de Seguridad Social sobre el total del PBI”.


Fuente: Infobae

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