⚖️ El Ejecutivo reflota el debate por la responsabilidad penal juvenil con un nuevo esquema presupuestario
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La iniciativa vuelve al Congreso con la intención de reducir la edad de imputabilidad y por primera vez incorpora un cálculo detallado de los recursos necesarios para su puesta en marcha.
El Gobierno nacional volvió a impulsar en el Congreso la reforma del régimen penal juvenil, una propuesta que busca modificar el sistema actual y que ahora incorpora un presupuesto específico para su implementación. El proyecto ingresó nuevamente a la Cámara de Diputados y mantiene como punto central la intención de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
Un proyecto con presupuesto definido
La nueva presentación incluye una estimación oficial del costo que demandaría la implementación del sistema reformado. El Ejecutivo fijó un gasto total de $23.739 millones, distribuido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
El detalle señala que poco más de $3.131 millones estarían destinados al área de Justicia, mientras que cerca de $20.607 millones corresponderían a la Defensoría. En versiones anteriores, el proyecto no especificaba montos ni fuentes concretas de financiamiento, lo que generó cuestionamientos durante el tratamiento legislativo.
Debate por la edad de imputabilidad
El principal eje de discusión continúa siendo la reducción del límite para juzgar penalmente a menores. Mientras el Gobierno sostiene la propuesta de establecerlo en 13 años, distintos bloques parlamentarios habían manifestado su preferencia por fijarlo en 14.
Actualmente, la legislación vigente permite la imputabilidad penal a partir de los 16 años. En el tratamiento previo del proyecto, legisladores de distintos espacios habían alcanzado acuerdos parciales que incluían elevar el piso a 14 años y establecer penas máximas de hasta 15 años de prisión para adolescentes, descartando la posibilidad de condenas perpetuas.
Cambios en penas y garantías procesales
Entre los puntos consensuados en debates anteriores se contemplaban criterios más restrictivos para la prisión efectiva de menores, habilitándola únicamente para delitos graves con escalas penales elevadas. Para otros casos se prevén sanciones alternativas.
Además, la propuesta incorpora estándares específicos para la detención juvenil, que incluyen la obligación de alojar a los menores en espacios separados de adultos y garantizar acceso a educación, salud y actividades formativas.
Próximos pasos legislativos
El proyecto será analizado en comisiones legislativas antes de su tratamiento en el recinto. La iniciativa cuenta con el respaldo de distintas áreas del Poder Ejecutivo, que buscan reactivar el debate parlamentario sobre la reforma del régimen penal juvenil.
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