📌 Cristina Kirchner pidió prisión domiciliaria y negocia condiciones para evitar la cárcel común

Tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un pedido formal para cumplir prisión domiciliaria. Su abogado, Alberto Beraldi, entregó un escrito al juez Jorge Gorini solicitando que la exmandataria permanezca en su departamento del barrio porteño de Constitución, alegando su edad (72 años) y su condición de exjefa de Estado como motivos suficientes.

Domicilio y condiciones especiales

El entorno de la exmandataria busca evitar una detención en una alcaidía federal. Incluso se negocia que, en caso de arresto domiciliario, Cristina Kirchner no use tobillera electrónica, y pueda continuar utilizando redes sociales y recibir visitas políticas y familiares.

El juez Gorini pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, que en un plazo de 24 horas designe una dependencia federal apta para alojar a los condenados. Por el momento, el ministerio no respondió oficialmente al requerimiento.

Alternativas evaluadas

Además de Constitución, se evaluaron otros posibles lugares de residencia como Tigre, Ezeiza o incluso Santa Cruz, aunque el entorno de la expresidenta los descartó por alejarla del escenario político y de su familia. En particular, Cristina Kirchner pretende mantener su vida pública activa desde el mismo departamento donde vive su hija Florencia y su nieta, y donde se concentran seguidores desde el atentado que sufrió en Recoleta.

Plazo de presentación

El Tribunal Oral Federal N°2 otorgó a Cristina Kirchner y los demás condenados un plazo de cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py y quedar detenidos. De no mediar una resolución favorable a su pedido, debería comparecer en los tribunales antes del miércoles próximo, junto a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios involucrados en la causa Vialidad.

El juez Gorini también notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la expresidenta, como parte de la sentencia ratificada por la Corte Suprema.