Fue el ascenso al poder de una derecha amiga de los Estados Unidos que sembró el modelo económico del país liderado por el mercado.
Chile cumple este lunes 50 años desde que un violento golpe de estado de Augusto Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende marcó el comienzo de dos décadas de gobierno militar, provocó la muerte de miles de personas y sembró el modelo económico del país liderado por el mercado.
El golpe de 1973, en el que los tanques recorrieron las calles y los aviones Hawker Hunter bombardearon la sede presidencial de La Moneda en llamas, resonó en todo el mundo y marcó el comienzo de una de las más brutales de una serie de dictaduras de derecha amigas de los Estados Unidos que gobernaron gran parte de América del Sur hasta bien entrada la década de 1980, lo que provocó detenciones masivas, torturas y desapariciones.
Pero transcurrido medio siglo, Chile está marcadamente polarizado, según informó la agencia de noticias Reuters.
Las víctimas del gobierno militar y sus familias intensificaron su presión por la justicia y la rendición de cuentas, pero políticamente la extrema derecha ganó terreno en medio de crecientes temores sobre el aumento de la delincuencia.
Así las cosas, el joven presidente progresista Gabriel Boric está bajo fuego.
"Algunas personas no saben nada de lo que pasó y no les interesa, otras están cansadas de que... incluso después de 50 años, muchas personas todavía no saben qué pasó con sus familiares desaparecidos", expresó Elvira Cádiz.
Recordó a los vecinos haciendo fila en las calles y a las tropas revisando casa por casa en el barrio obrero de Estación Central en la capital, Santiago, donde aún vive.
Si bien Boric hizo campaña para un gran evento para recordar el aniversario del golpe, enfrentó el rechazo de políticos y votantes rivales. Una encuesta reciente de Pulso Ciudadano mostró que el 60% de los chilenos no estaban interesados. Casi cuatro de cada diez personas dijeron que culpaban principalmente al propio gobierno de Allende por el golpe.
Esa división pública refleja algunos años difíciles en el espejo retrovisor de Chile, que surgió como uno de los países más estables, económicamente exitosos y seguros de América del Sur.
Protestas violentas contra la desigualdad sacudieron a Santiago en 2019 y desencadenaron un movimiento para reformular la constitución de la era Pinochet pero eso fue rechazado por los votantes el año pasado, lo que supuso un duro golpe para los progresistas del país.
Un líder de extrema derecha, José Antonio Kast, un abierto partidario de Pinochet, está desempeñando ahora un papel central en un segundo intento de volver a redactar el texto.
"La polarización está más rampante que nunca desde el retorno a la democracia", analizó Cristián Valdivieso, director de la consultora local Criteria.
'No hay futuro sin memoria'
Boric, de 37 años, que no nació hasta más de una década después del golpe, encabezaba una ceremonia el lunes en el palacio presidencial, donde hace 50 años Allende pronunció un famoso discurso mientras su gobierno se desmoronaba y luego se quitó la vida.
"Hay algunos que nos invitan a pasar página, a olvidar el pasado. Pero no hay un futuro brillante posible sin memoria y verdad", expresó recientemente Boric, admirador de Allende.
Según diversas comisiones chilenas de derechos humanos, hay 40.175 víctimas clasificadas como ejecutadas políticamente, desaparecidas, encarceladas y torturadas durante el régimen militar, que también envió al exilio a miles de personas.
El gobierno de Pinochet terminó en 1990 después de que la mayoría de los chilenos votaron a favor de la democracia en un referéndum.
Pasó años luchando contra acusaciones de derechos humanos, aunque nunca fue declarado culpable de ningún delito, y murió en 2006 pero muchos oficiales militares y ex miembros de su policía secreta fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato.
Gaby Rivera, presidenta del Grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos, vio cómo se llevaban a su padre Luis Rivera en noviembre de 1975. A lo largo de los años, a su familia le dieron varias versiones sobre su suerte, incluida la de que su cuerpo fue arrojado al mar.
"Vivimos esta fecha con dolor, pero también con esperanza, porque hoy vemos que hay un poco de luz. No sabemos si lograremos una justicia completa, pero lo que sí tenemos que hacer es llegar a la verdad, descubrir dónde están", comentó a Reuters.
Carlos González, quien fue detenido y torturado en 1976 y luego exiliado, lamentó ver que algunas personas restaban importancia al significado del día.
"Sentimos que esta fecha nos afecta mucho, te dan ganas de tirar piedras a la televisión cuando ves que aparece gente que niega lo sucedido. Es bueno hablar de lo que pasó. Y, como superviviente, siento que es una responsabilidad hablar de esto porque hay muchas personas que no sobrevivieron", puntualizó.
Diputados piden una rendición de cuentas a los EEUU
Diputados chilenos pidieron que Estados Unidos rinda cuentas, repare y compense al país sudamericano por su política de intervención que contribuyó con recursos y coordinación logística al golpe, en una carta dirigida al presidente, Joe Biden.
Los legisladores fueron recibidos el viernes pasado en la Embajada de EE. UU. en Chile al cumplirse medio siglo del golpe militar, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de un régimen militar encabezada por el general Augusto Pinochet.
"Lo esperable es que el Gobierno de Estados Unidos analice y pondere objetivamente lo razonable de esta formulación", afirmó a la agencia de noticias Xinhua el diputado y jefe de bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputadas y Diputados, Luis Cuello.
El legislador continuó: "Desde luego, esperamos que otorgue una respuesta a nuestros planteamientos, que tome en cuenta que la responsabilidad de los Estados trasciende a los Gobiernos y asuma que el daño causado al pueblo chileno por la intervención norteamericana no puede quedar en la impunidad".
El diputado señaló en una entrevista con esa agencia que la acción encubierta de Estados Unidos contra el Gobierno de la Unidad Popular, coalición política de partidos de izquierda chilenos que alcanzó democráticamente la Presidencia en 1970, "no ha tenido consecuencias hasta hoy".
Cuello elaboró recientemente, junto a la diputada Daniela Serrano, un diagnóstico sobre "la ausencia de reconocimiento político de EE. UU. sobre la ilegitimidad de su rol, pese a la abundante evidencia emanada de documentos de las propias instituciones norteamericanas".
Durante los últimos años, una bateria de informes secretos en manos de EE. UU. fueron revelados a la opinión pública e investigados por organizaciones y expertos.
Los mismos dan cuenta de que el país norteamericano, en el contexto de la Guerra Fría, cumplió un rol crucial en el golpe de Estado chileno respaldando a las fuerzas armadas y, posteriormente, al régimen militar.
Fue para frenar la transición pacífica del país austral al socialismo, liderada por Allende y su coalición, como parte de la campaña estadounidense contra la expansión de la izquierda por los países latinoamericanos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, Cuello aseguró que la injerencia estadounidense de "complicidad en la conspiración, quebrantamiento de la democracia y terror de Estado impuesto a la población chilena durante la dictadura entre 1973 y 1990" para boicotear el programa de la Unidad Popular, "vulnera gravemente el derecho internacional, en particular el principio de no intervención y el derecho de los pueblos a elegir su sistema político y social".
"Tales violaciones al derecho internacional generan responsabilidad, que se traduce en el deber de reparar íntegramente el daño causado, dado que terminar por la fuerza con un gobierno democrático es un grave crimen", que contraviene lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y una serie de tratados multilaterales, sostuvo.
Los diputados indicaron a su vez que el período del régimen militar de la historia chilena "aún tiene muchas zonas oscuras", por lo que instaron al país norteamericano a "desclasificar la totalidad de la información vinculada a la intervención y el apoyo posterior al régimen de Pinochet".
"Es indispensable para reconstruir la historia. Si bien es cierto que hoy conocemos mucho más que hace 10 o 20 años, no se ha revelado aún el conjunto de las operaciones encubiertas. Hace pocos días EE. UU. desclasificó algunos informes diarios que recibía (Richard) Nixon en los días del golpe. Es un paso, pero aún es insuficiente", aseveró.
De acuerdo con los parlamentarios, Estados Unidos "alteró el curso de la historia, postergando una transformación estructural en las condiciones de vida de las mayorías nacionales".
Asimismo, "dio paso a una violación sistemática de los derechos humanos" y "generó invaluables perjuicios a la economía nacional como producto del bloqueo al Gobierno de la Unidad Popular", expresó Cuello.
A juicio del diputado, "aún existe una herida abierta en la sociedad chilena", por lo que "la creación de un fondo de compensación por la acción ilegal de Estados Unidos sentará un precedente en el mundo".
Estos recursos serían destinados para reparación de las víctimas y sus familiares, desarrollo de comunidades rurales que sufrieron la represión y financiación de programas de salud mental y derechos humanos, agregó.
En 2020, el Gobierno estadounidense desclasificó una serie de documentos que dieron cuenta de las intenciones y acciones injerencistas y desestabilizadoras del presidente Richard Nixon y la CIA en Chile, para evitar la asunción presidencial de Allende en 1970.
En agosto de 2023, Estados Unidos procedió nuevamente a desclasificar documentos que prueban la directa intervención de la Administración Nixon y la CIA que socavaron el mandato de Allende, promoviendo un golpe de Estado y aupando la instalación en el poder de una junta militar.
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