El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, enfrentará una indagatoria en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en los comedores sociales, un escándalo que ha generado conmoción y debate en todo el país.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Belliboni, en una causa que sacude las bases de la confianza pública en la gestión de los recursos destinados a los más vulnerables. La citación para el 15 de junio marca un hito en esta trama de acusaciones y sospechas.
Casanello, en una decisión que subraya la gravedad del asunto, también instruyó al Ministerio de Capital Humano a elaborar un informe detallado sobre los alimentos destinados a comedores sociales que aún no han sido distribuidos, una situación alarmante revelada por una investigación periodística reciente.
El juez tomó esta determinación después de “avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas”, señalando que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos es una pieza central de esta causa. En su resolución, Casanello afirmó que “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas Asociación Polo Obrero y Cooperativa El Resplandor Ltda., habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales confiados en convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el programa Potenciar Trabajo".
La acusación se fundamenta en la “comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Casanello describió montos significativos canalizados a través de diferentes personas jurídicas, con el fin de obtener beneficios particulares. “Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, subrayó.
Una de las acusaciones más inquietantes es que se exigía a quienes acudían a ciertos comedores comunitarios y eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que asistieran a movilizaciones político-partidarias, aportaran sumas de dinero a la organización e incluso votaran por un candidato en particular, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal.
El cronograma de indagatorias es extenso y detallado, con citas que van desde el 11 de junio hasta el 19, involucrando a múltiples personas en diferentes fechas. Entre los convocados se encuentran Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches, hasta llegar a Belliboni, junto con otros acusados como María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz, el 15 de junio.
Casanello no escatimó en palabras para describir la gravedad de las acciones investigadas, advirtiendo sobre “una distorsión de la noble política estatal –en defensa de los más necesitados- de la que participaban algunos actores”. Subrayó que la organización recibía fondos del Estado con la obligación de administrar esos recursos en beneficio de los intereses universales confiados, pero las pruebas apuntan a que “el interés público fue desviado”.
Este caso no solo pone en el banquillo a Belliboni y otros dirigentes, sino que también expone las profundidades de una trama de corrupción que amenaza con socavar la confianza en las instituciones y en los programas destinados a los más necesitados. La búsqueda de justicia y transparencia se convierte, una vez más, en una demanda urgente de la sociedad.
Fuente: NA
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