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AMIA: Débil investigación, detenciones imposibles y reconocimiento internacional

A la espera de fallos de Casación, el juez Rafecas ordenó detenciones internacionales el mes pasado. Argentina reconoció su responsabilidad por la vida de las víctimas.


La Cámara Federal de Casación tiene pendiente desde noviembre del año pasado la confirmación o no del fallo que absolvió al abogado y ex desarmador de autos Carlos Telleldín por su presunta responsabilidad en el atentado contra la AMIA en 1994.



El fiscal Raúl Pleé pidió que Telleldín, quien sólo está condenado por haber recibido un pago ilegal de 400 mil dólares por parte de la SIDE para involucrar falsamente a policías bonaerenses en el atentado, también sea considerado responsable por el ataque en sí.

Para el fiscal, Telleldín “se representó que con su aporte favoreció al hecho de que otras personas carguen con explosivos la camioneta por él entregada para perfeccionar el atentado terrorista".

En aquel juicio hubo otras absoluciones (entre ellas Carlos Menem) y condenas, por ejemplo para el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes investigaron el atentado, a dos años de prisión en suspenso.

La agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa pidió que se rechace el pedido y se agrave la condena, pese a que durante el gobierno de Cambiemos y a instancias del ex ministro de Justicia Germán Garavano el Estado argentino decidió no formular acusación contra ambos.

Sobre la investigación del atentado, el mes pasado el juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de cuatro libaneses sospechados de haber tenido una participación “secundaria” en la voladura de la mutual judía.

A pedido de la Unidad Fiscal que investiga el atentado, Rafecas ordenó las detenciones de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah (alias ‘el alto’, ‘el Tawil’ o ‘Alí El Taweel’), Abdallah Salman, (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal y Farouk Abdul Hay Omairi.

“Existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores u agentes operativos del brazo armado de Hezbollah”, la organización libanesa sospechada de estar detrás del ataque, sostuvo Rafecas.

En octubre de 2022, el Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad “por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado contra la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una sesión que tuvo lugar en Uruguay, la representante argentina Natalia D´Alessandro admitió que “el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires”.

La admisión de la responsabilidad se produjo en el marco de una demanda internacional presentada por Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”, admitió el Estado argentino.

Tras ese reconocimiento, el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, dispuso la creación “en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, de un área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado, con la invitación a las víctimas constituidas en querellantes para que participen de los procesos evaluatorios”.

Casal designó al frente de esa área al fiscal Pablo Ouviña, actual titular de la “Unidad de Asistencia en causas por violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gran parte de esa documentación fue hallada en un sótano inundado, descuidada parcial o totalmente destruida.

Por el atentado hay una segunda causa en trámite, en la que los ex secretarios de Galeano, Javier De Gamas, Susana Spina y Carlos Velasco, fueron procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Cámara Federal abrió las puertas a ampliar esa acusación incluyendo las figuras de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”.

Esa situación procesal también permanece irresuelta.

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