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Alberto Fernández y Martín Guzmán buscan delinear un plan ante el riesgo de una megainflación

En medio de los embates del kirchnerismo, el Presidente ata su futuro político a las recetas económicas de su ministro. Mayo termina con una suba de precios del orden del 5 por ciento y los especialistas pronostican un índice anual de entre 70 y 85 por ciento.

Mientras los políticos se deleitan con sus rencillas internas, el problema de fondo en la Argentina es la inflación: el ministro de Economía, Martín Guzmán, todavía no logra mostrar un éxito en esa materia; no disminuye el ritmo de la emisión del BCRA y, para peor, se está instalando el fantasma de una hiperinflación. La pregunta: ¿Es posible?


Ayer, Horacio Rodríguez Larreta dijo que la inflación está desatada y es galopante. Terminamos mayo, con una inflación alta, en torno al 5 por ciento y los economistas muy moderados pronostican 70 por ciento anual. Pero muchos economistas serios, como Daniel Artana, creen posible que alcance al 85 por ciento.


¿Hay un riesgo real de que la inflación se espiralice y llegué a niveles de hiperinflación?

Roberto Cachanosky dice que “la Argentina no está todavía en la hiper, pero si vamos vamos hacia una megainflación, con tasas de tres dígitos, es decir, arriba del 100 por ciento. Es decir, todavía no se produce una huida del dinero. Pero se está acelerando el ritmo con el que cambian los precios. Los precios venían cambiando una vez por mes. En una hiper se modifican a la mañana y a la tarde. Ahora estamos en esa dirección: se remarcan una o dos veces por semana. Se acelera el ritmo de cambio de precios, pero a un nivel inferior al de a hiperinflación. Vamos hacia un segundo semestre muy malo”.


Hay que remontarse a antes de 1990 para ver tasas encima del 100 por ciento. Durante la crisis económica de 1975 (el Rodrigazo), desatada por una fuerte emisión monetaria, el índice salto al 180 por ciento y allí arrancó un período con altos números. Desde 1977 hasta 1980 rondó el 170 por ciento, hasta que en 1989, presidencia de Raúl Alfonsín, y 1990, primer tramo de Carlos Menem, estallaron dos períodos de hiperinflación. Solo se redujo con Domingo Cavallo y el plan de convertibilidad, en 1991. Después de la salida de la convertibilidad, la tasa se fue reduciendo hasta llegar a un 10 por ciento con Néstor Kirchner para comenzar a cobrar vuelo con Cristina Kirchner, en el 25 por ciento (con un Indec mentiroso) y Mauricio Macri (40 por ciento). Es decir, Alberto Fernández consiguió la inflación más alta desde la salida de la convertibilidad y se está acelerando el ritmo de suba de precios y reapertura de paritarias.


Una inflación tan alta logró, como dijo Cristina Kirchner, que se dé el fenómeno de que haya trabajadores bajo la línea de la pobreza: un estudio del Observatorio de la Deuda Social (UCA), que preside Agustín Salvia, indica que el porcentaje de trabajadores en esa situación alcanza al 28 por ciento. Es decir, uno de cada tres trabajadores sigue siendo pobre. Kriptonita para el peronismo.


Como se ve, la inflación, la megainflación y la hiperinflación tiene relación con el déficit y la emisión y no hacen referencia sólo una cuestión de grado de alza de precios, sino también de huida del peso, de velocidad de circulación del dinero y de búsqueda desenfrenada de un refugio de valor (bienes o dólares). Siempre está latente el riesgo de la espiralización. La sociedad ya lo vivió en otras épocas y reclama que el problema sea controlado cuanto antes. Y las consecuencias ya se sienten a pleno. Un dato adicional: en la provincia de Buenos Aires volvió el trueque y algunas ferias de manteros tienen kilómetros.


Cristina Kirchner y Sergio Massa avanzan


El presidente Alberto Fernández se resiste a convocar a una mesa política con Cristina Fernández y Sergio Massa, y está convencido que Guzmán y el programa del FMI tendrán éxito. Su apuesta parece a todo o nada.


El problema es que Guzmán no logra bajar sustancialmente el gasto público: el índice interanual de abril, 85 por ciento, estuvo muy por encima de la recaudación. Y va rumbo a incumplir las metas de emisión monetaria: ya gastó el 60 por ciento por la emisión autorizada para todo el año.


El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, le dice a Alberto que la mesa es para mejorar la gestión: la distribución del ingreso y el combate contra la inflación. Pero Alberto y Santiago Cafiero creen que tiene otros fines y ya la descartaron.


Sin embargo, eso no lo salva a Alberto Fernández de las crecientes presiones que desarrollan sus socios, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Y esta semana Sergio Massa y Cristina Kirchner mostraron que, aún sin ese recurso, pueden marcarle la cancha.


El presidente de la Cámara de Diputados, quien hace dos años se apropió de la consigna de ser el responsable del alivio fiscal, en los últimos 15 días descargó una batería de cartas y declaraciones políticas que forzaron al Presidente a anunciar la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, una medida que el ministro de Economía pretendía postergar hasta julio. ¿Pretendía Guzmán desairar a Massa, que fue el responsable de haberle conseguido los votos para aprobar el acuerdo con el FMI y que el oficialismo le negaba? Calculó muy mal. Hace dos semanas, le valió un reto de Alberto; anteayer, tuvo que aceptar lo que Massa proponía.


Alberto perdió el foco político: no advirtió a tiempo que la inflación sostenida sumergió a los argentinos en una sensación de tristeza y de malhumor creciente. El Presidente está ensimismado, confía en pocos asesores, tiene problemas graves de comunicación que lo llevan a desdecirse mil y una veces -sobre temas tan impopulares como las retenciones- y no entiende que el eslogan que acaba de inaugurar, “primero la gente”, sólo puede ser creíble si está acompañado de señales concretas y positivas. Sólo así se explica que le haya regalado a Massa esa bandera.


Por cierto, el alivio no es total: la suba del piso de Ganancias a 280.000 pesos obligará a una nueva revisión antes de fin de año. Y no se elevó el mínimo no imponible. La medida propuesta por Massa será fácil de financiar. Florencio Randazzo reclama que la suba de esos valores debería responder a un mecanismo automático y que el Gobierno debería ocuparse del tema de fondo: la inflación. Pero, de todos modos, es mérito de Massa haber logrado que cientos de miles de personas vuelvan a estar exentas del impuesto. Y ahora, va por más: prometió que avanzará con la corrección del impuesto a las Ganancias para los autónomos. Claro que la foto del despacho presidencial en una reunión en la que participaban Alberto, Massa, Guzmán, Héctor Daer y Pablo Moyano, y el posterior anuncio en boca de Guzmán fueron imágenes construidas para transmitir unidad. Pero está claro Alberto perdió la iniciativa en un tema sensible.


La suba del piso de ganancias tuvo, sí, otro efecto positivo indirecto: evitará, al menos por el momento, que la CGT avance con un paro general, que algunos querían dirigir contra las empresas y la inflación y otros, como Pablo Moyano, contra Alberto.


Cristina tampoco pierde el tiempo. El miércoles próximo se cumplen 3 meses desde que la vice interrumpió su diálogo con Alberto. Pero Cristina sigue presente en las principales decisiones.

El fin de semana pasado le ordenó a Roberto Feletti que renunciara a la Secretaría de Comercio, algo que el economista hizo el lunes. Dejó así toda la responsabilidad de solucionar la inflación a Guzmán y todavía el sucesor de Feletti, Guillermo Hang, no mostró las cartas, cuando tiempo no es lo que sobra. Cristina también condicionó el aumento de tarifas, que se aplicarán en junio -pero no habrá segmentación- y algunos también esperan nuevos cimbronazos entre Guzmán y los funcionarios de Energía. Y, además, sigilosamente, acaba de lograr que el primer mandatario destrabara un megacrédito de 4700 millones de dólares que dio China para construir dos represas en Santa Cruz y que Gustavo Béliz, que prioriza la relación con los Estados Unidos, venía cajoneando. Tampoco fue casual que esta misma semana haya trascendido que la Argentina evalúa la opción de comprar aviones caza a China, como una opción a la oferta que le acercó Estados Unidos.


De alguna manera, Cristina continúa enredando en su discurso progresista a Alberto. Esta semana, el Presidente le reclamó al enviado de Joe Biden, Christopher Dodd, que invite a la Cumbre de las Américas a Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Puede sinceramente creer Alberto que esos países, que él representa como titular de la Celac, respetan los derechos humanos? Como Biden no parece dispuesto a ceder, propuso armar una cumbre paralela a la de las Américas, también en Los Angeles y Alberto asistirá a ambas: una para complacer al presidente norteamericano, la otra para congraciarse con los dictadores caribeños. Alberto también dijo que no está dispuesto a callarse nada y quiere dar imagen de ser un duro negociador, pero al mismo tiempo le solicita a Biden -que fue decisivo para renegociar con los Estados Unidos- que le conceda una entrevista bilateral. Es indudable que Alberto, como Groucho Marx, tiene principios para todos los gustos. Pero Jair Bolsonaro, vale la pena saberlo, le ganó de mano. Dicho sea de paso: la idea de la contracumbre nació agonizante, porque México dice que no asistirá.


Por suerte la Justicia te da regalos


Esta semana, Alberto pagó la reparación de 3 millones de pesos y consiguió que el juez federal Lino Mirabelli lo sobreseyera por la fiesta inolvidable que él organizó para Fabiola en Olivos, en plena cuarentena.


En esa época, los familiares no podían despedirse de los moribundos, ni enterrarlos, ni llevar a sus hijos a los hospitales ni cruzar fronteras interprovinciales ni trabajar. Muchos fallecieron; otros, se fundieron. Pero al juez, que había sido extremadamente duro cuando hace dos años procesó al surfer que quería ir a la costa para pasar la cuarentena con su madre, se mostró muy comprensivo con el mandatario: interpretó que Alberto, cuando al anochecer recibe a invitados en la Quinta de Olivos, no actúa como Presidente, es decir, como funcionario público, sino como simple particular. El juez federal prefirió olvidar que había sido el propio Alberto quien había dictado las normas de emergencia de la cuarentena; que él tenia autoridad para prohibir el ingreso de los invitados a la Quinta de Olivos; que el Presidente también atiende cuestiones políticas a esas horas y que, por ser tal, no está por encima de las normas que dicta. Alberto, por algunos momentos, pudo haberse sentido como un rey.


Tiempo atrás, Alberto había criticado a Mauricio Macri porque miraba Netflix a las 7 de la tarde. Con Mirabelli nos enteramos que el Presidente, a las 20, se transforma en Cenicienta -perdón por la cuestión de sexo y género, coloque la x o la o, si prefiere-. Imagino que también sería un buen argumento para sostener que un funcionario, cuando se apropia de dineros públicos y los transfiere a Suiza, actúa como un simple particular si los contubernios los celebra a la medianoche. Ni a los ingeniosos abogados de Cristina se le ocurrieron semejantes ideas. La culpa no es de Alberto, sino del juez que le da de comer. Y los argentinos simulamos creer que es un juez serio, porque de los contrario deberíamos exigir que Mirabelli sea destituido.


También Cristina se llevó lo suyo. Porque la Cámara Federal de Casación Penal la sobreseyó en la causa en la que estaba acusada por peculado, por haber usado el Tango 01 para trasladar muebles a su cadena hotelera austral. Ni los hoteles fueron fruto de los sobornos ni el traslado de los muebles fue un delito. Más de una década de arduo trabajo judicial para llegar a esas conclusiones.


Pero la foto más cabal del descalabro moral nacional pasó casi inadvertida para el gran público, en medio del marasmo político. En la misma semana en que Sergio Uribarri, condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción, encabezó los actos celebratorios del 25 de Mayo en la Embajada argentina en Israel, un tribunal de enjuiciamiento destituyó a la fiscal Cecilia Goyeneche, la funcionaria que motorizó aquella condena. Y Alberto, que aún no le aceptó la renuncia a Uribarri, fue quien permitió que aquél permanezca en su cargo. Ni siquiera el canciller Santiago Cafiero lo podía creer y llamó a Uribarri para que se lo explicara. Esa imagen contrapuesta dice mucho de nuestro país: muchos se desloman trabajando con honestidad, pero los únicos que progresan son los corruptos.


Mientras tanto, dieciséis gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones y firmaron dos notas: una reclamando a Alexis Guerrera, ministro de Transporte, una mejor distribución de subsidios para ese sector, porque AMBA se lleva el 80 por ciento del reparto; la otra, una nota para propiciar la ampliación de la Corte Suprema de 4 miembros a 25, uno por provincia. Un mensaje para la Corte: si el tribunal le devuelve a CABA el dinero que le sacó el gobierno nacional -unos 200.000 millones que hoy Nación reparte con las provincias- la Corte podrá ver amenazada su estabilidad.


Es difícil que prospere semejante iniciativa de ley en la Cámara de Diputados. Schiaretti y Perotti, dos gobernadores importantes, no la firmaron. Pero de ocurrir la Argentina pasaría a tener uno de los tribunales más multitudinarios y costosos del mundo, que permitiría innumerables combinaciones de jueces dispuestos a darle la razón a cualquier político.


La oposición sigue su propio rumbo. La Unión Cívica Radical celebró su convención. Ratificó su alianza dentro de Juntos por el Cambio y se muestra decidida a encarar una fuerte interna para consagrar a un radical como Presidente. Por ahora, está mejor organizada que el PRO en la Provincia.

Habrá que ver si esa unidad de la UCR se mantiene o si algunos radicales terminan aliados al PRO cuando llegue el momento de armar las listas de precandidatos.




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